El Ministerio del Interior ha reconocido, en un informe entregado al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, que las cárceles de la región albergan un volumen de presos superior al número de celdas de las que disponen.

Esto supone, como ya avanzó este diario hace tres meses, que algunos reclusos comparten celda pese a que lo prohíbe la Ley General Penitenciaria. Los datos oficiales que ahora ofrece Interior son mucho más optimistas que los extraoficiales aparecidos hace unos meses, aunque continúan reflejando una situación que preocupa a los funcionarios de prisiones.

Sin embargo, el ministerio trata de maquillar las cifras sumando al número de celdas los departamentos de ingresos, las plazas en la enfermería y las zonas de aislamiento de los presos. Así, los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones explican que no es posible sumar estas plazas en los cómputos generales, puesto que se trata de zonas donde los reclusos sólo están de forma temporal, mientras que la mayoría de su condena la cumplen en su propia celda.

COMPARATIVA

En concreto, Interior asegura que en estos momentos hay en la cárcel de Badajoz 701 internos para las 680 plazas de las que dispone el centro, mientras que en el caso de Cáceres la situación está mucho más controlada, con 398 reclusos para 390 celdas.

Con estas cifras, posibilitadas entre otras cosas por la apertura de 13 nuevos centros penitenciarios en los últimos siete años, la cárcel de Badajoz estaría al 103% de su capacidad y la de Cáceres al 102%. Hay que tener en cuenta que la media nacional es actualmente del 105% y que en 1998 las cárceles españolas llegaron a estar al 115% de su capacidad real.

Sin embargo, Interior incluye en sus cálculos las celdas de aislamiento, los departamentos de nuevos ingresos y las plazas de la enfermería, con lo que, señala en su informe, las prisiones extremeñas estarían al 92% y al 91% de su capacidad en Badajoz y Cáceres respectivamente.

Aún así, la actual situación es mucho mejor que la denunciada por los sindicatos en febrero, cuando situaban el nivel de saturación en el 45% en las cárceles extremeñas.