Más de 250 personas han denunciado este año ante la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) atentados contra sus derechos fundamentales. El 70% de las denuncias estaban relacionadas con la inmigración, mientras que el resto de los casos son de racismo y xenofobia, reclusos de las cárceles de la región y presos extremeños en el extranjero --actualmente el colectivo trabaja con cinco personas encarceladas en Australia, Italia, Estados Unidos y Francia--.
El portavoz del Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura, Rubén Tejedor, realizó ayer un balance de las actuaciones desarrolladas por el colectivo, de las que señaló que "es muy difícil destacar algún caso porque, en muchas ocasiones, nos encontramos con verdaderos dramas y situaciones muy complicadas".
Por otra parte, Tejedor mostró su satisfacción por los avances en la defensa de los derechos humanos y destacó como datos positivos del 2003 la movilización de los extremeños contra la guerra y la aprobación de la ley extremeña de parejas de hecho, aunque incidió en que todavía queda mucho por hacer en cuestiones de inmigración, violencia de género y prisiones.
Entre los casos más relevantes del 2003, Adhex destaca el trato discriminatorio que la empresa de telefonía móvil Vodafone da a los usuarios inmigrantes, a los que pide una fianza de 600 euros a la hora de hacer un contrato, una situación que no se da con el resto de clientes. La denuncia fue realizada por una mujer argentina que reside en el norte de Cáceres, y será trasladada en breve al Defensor del Pueblo y las asociaciones de consumidores.
