La Asamblea Local de Izquierda Unida de Cáceres ha decidido hoy en una reunión que el apoyo a la moción de censura presentada por el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, estaría condicionado a "un acuerdo programático".

IU Cáceres informa de la decisión adoptada y de que en la propuesta de gobierno para apoyar a Vara deberían figurar, entre otras medidas, "la creación de la Banca Pública, un Plan de Empleo, la agilización del pago de la renta básica y la paralización de los desahucios de las viviendas sociales"

Esta es la postura que defenderán los representantes de la Asamblea local de Cáceres en el Consejo Político Regional de IU que se celebrará mañana domingo en Mérida para adoptar una decisión sobre la moción de censura.

No obstante, IU Cáceres ha calificado la moción presentada por Vara de "electoralista y falta de contenido".

Además, añade que "el Gobierno del PP ha incumplido sistemáticamente los 12 puntos por los cuales IU se abstuvo permitiendo la investidura de Monago".

Por último, recalca que "cualquier acuerdo debe ser refrendado por la afiliación de IU Extremadura".

Por su parte, la Asamblea Local de IU Badajoz ha condicionado el apoyo de esta formación política a la moción de censura planteada por el PSOE al Gobierno de José Antonio Monago al cumplimiento de unas "condiciones mínimas" establecidas en ocho puntos referidos al incremento de los beneficiarios de la renta básica, la reapertura de los Puntos de Atención Continuada o la puesta en marcha de planes de "reversión" de los "recortes" en sanidad y educación.

El primero de los puntos establece que en un plazo de 45 días naturales tras la toma de posesión del nuevo gobierno, en caso de que la moción sea aprobada, el pago efectivo de la renta básica alcance a 8.000 beneficiarios. Asimismo, reclama una nueva Ley de Renta Básica que revise al alza las prestaciones y el compromiso de alcanzar 20.000 beneficiarios en 2015.

El segundo punto exige una auditoría sobre la situación alimentaria, energética y habitacional de los hogares extremeños, así como un plan de choque para atender los casos más graves y urgentes. En cuatro meses se presentaría una Ley de Garantía que regule la intervención pública en estos aspectos.

El tercer punto reclama una auditoría sobre el impacto de los "recortes" en el Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un "plan de reversión" de los mismos, y que comience por la "reapertura inmediata y completa" de todos los Puntos de Atención Continuada de la región. Asimismo, IU Badajoz exige auditorías similares para los servicios de atención a la dependencia y las prestaciones educativas.

Por otro lado, supedita el apoyo de IU a la moción a la "paralización inmediata de cualquier proyecto de participación de capital privado en infraestructuras" del SES; así como de cualquier proyecto "de minería radioactiva o almacenaje de residuos radioactivos" en Extremadura.

Por último, pide la rescisión de los contratos vigentes entre la Administración regional y las agencias privadas de calificación de riesgo financiero y la creación de un organismo regional público que realice esta labor.