Fue ministro de Administraciones Públicas durante la pasada legislatura, en la que cuestiones como la reforma del Estatuto catalán centraron gran parte de los titulares de prensa y de las ocupaciones del Gobierno central. Actualmente ocupa un escaño en la bancada socialista en el Congreso de los Diputados. Ayer estuvo en Mérida para hablar de su experiencia en unas jornadas sobre la reforma del estatuto extremeño organizadas por la Fundación Cultura y Trabajo de UGT.

--¿En qué situación se encuentra la reforma de los estatutos?

--Hoy podemos marcar un poco de distancia con respecto al apasionado debate territorial de la pasada legislatura, y quedarnos más con la realidad que con el ruido. Creo que ha sido un proceso muy positivo porque se ha introducido el debate de la cooperación institucional de la España plural.

--¿Cual será el resultado de todo este proceso?

--Va a ayudar a reconocer que las comunidades autónomas también son el Estado, y a que estas se den cuenta de que el Gobierno central no es su adversario, sino el elemento imprescindible para articular políticas de Estado que beneficien a los ciudadanos. Ello nos aproximará a un estado mejor unido, en el que todo el mundo se sienta cómodo.

--Extremadura se encuentra en pleno proceso de reforma de su Estatuto. ¿Qué debe incluir el nuevo texto para beneficiar a esta región?

--Me permito sugerir a los extremeños que es oportuno reformar su estatuto porque tras muchos años de consolidación del estado autonómico, es conveniente hacer una lectura integral de actualización, en la que se contemplen cuestiones como los nuevos derechos de los ciudadanos, la Unión Europea o nuevos fenómenos para el país como es la inmigración.

--¿Considera legítimo que se incluya una fecha para el cobro de la deuda histórica?

--Extremadura tiene derecho al reconocimiento de esa deuda, y también me parece razonable que salga de la Asamblea con una fecha, pero también debe aceptarse que debe negociarse en Madrid, porque un estatuto es tanto una propuesta de la comunidad autónoma como una ley estatal. Entendería que salga de la región con fecha fija, pero también con la flexibilidad suficiente para que el parlamento de la nación opte por cambiarla, mantenerla o suprimirla.

--¿Qué opina del recurso de inconstitucionalidad de Extremadura contra el estatuto andaluz por la gestión del río Guadalquivir?

--Creo que estas decisiones también se adoptaron al calor del debate, y creo que es bueno que ahora se analice con más de frialdad. Creo que todos los estatutos aprobados hasta ahora están redactados respetando la Constitución. Pero esto no quiere decir que no sea discutible y que no haya quien piense legítimamente lo contrario.

--¿Será necesario al final del proceso reformar la Constitución?

--No debe ser un tabú plantearse una reforma de la Constitución. Si se abordaran ciertas cuestiones ayudarían a cerrar el debate del modelo autonómico, en el que hay cuestiones que no podemos estar cuestionándonos permanentemente, como cuantas comunidades autónomas hay y como se llaman.

--¿En algún momento ha visto peligrar el actual modelo autonómico?

--No. Creo que pudo haber dudas al principio de los 80 pero en este momento el modelo de las autonomías está muy consolidado, sobre todo porque la mayoría de los ciudadanos lo perciben como un éxito, sienten que sin su gobierno autonómico las cosas les hubieran ido peor.