El catedrático de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Valencia José Luis González Cussac ha formado parte del comité de expertos de la comisión que, impulsada por el Ministerio de Igualdad, estudió la necesidad de reformar la legislación española en materia de salud reproductiva. Ha participado en unas jornadas de juristas en Mérida y dio algunas claves sobre el polémico informe del anteproyecto de ley del aborto, presentado en marzo.

--Ustedes aportaron una serie de recomendaciones sobre la regulación del aborto. ¿Todas se han tenido en cuenta?

--No, no. Esto es importante. Nosotros entregamos al ministerio un estudio. Aparte, otra comisión formada en el seno del Congreso con todos los Diputados estudiaban lo mismo. La coincidencia común era la necesidad de reforma. En nuestro informe se estudia el mapa social, sanitario y estadístico del aborto en España y se compara con Europa y se regula la legislación. Es decir, cómo se aplica, qué problemas plantea, y lo mismo respecto a la Unión Europea.

--¿Qué datos son los más significativos o reveladores?

--La tasa de aborto en España es una tasa inferior a la media de la media europea. Otro dato relevante es que más del 90% de los abortos practicados en España se llevan a cabo por razones de peligro de la vida o de la salud de la madre dentro de las doce primeras semanas de embarazo. Además, los abortos que afectan a las menores en nuestro país suponen una franja minúscula.

--¿En qué inciden fundamentalmente?

--Hay que hacer una ley cuyo objetivo principal es reducir el número de embarazos no deseados. En segundo lugar, si todos los mecanismos públicos, sanitarios, los protocolos de prevención y de educación sexual escolar fracasan y se produce un embarazo no deseado, ahí entra en juego la segunda parte de la ley. En ella surge el conflicto entre el interés del Estado por tutelar el feto y el conjunto de derechos fundamentales de la mujer embarazada. Estos se centran básicamente en los derechos a la intimidad.

--¿Cómo se soluciona entonces?

--Desde hace unos años el derecho ha evolucionado primando la intimidad de la mujer y ese ha sido el objetivo fundamental del sistema de plazos: llegados a ese caso límite de fracaso de las políticas, en que la mujer no desea dar a luz y está en la primera etapa del embarazo (las 14 primeras semanas), consideramos que prevalece el derecho a la intimidad de la mujer embarazada. En ese margen, no solo hay que pensar en colectivos de mujeres perfectamente integradas, sino en colectivos con dificultades, de bajo índice social o cultural que tienen más dificultades de acceso a los servicios de sanidad. Estas ya están fuera de plazo cuando comunican que están embarazadas y, por ello, buscan salidas extremas.

--Esto es precisamente lo que habría que evitar.

--Sí. Esto es lo más terrible y algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo que hay que evitar, porque entonces se producen ámbitos o circuitos de clínicas clandestinas.

--La Ley de Autonomía de Derecho del Paciente del 2002 observa que a partir de 16 años una persona puede decidir sobre una intervención quirúrgica. ¿Se puede equiparar una intervención quirúrgica a una interrupción del embarazo?

--Hay dos cosas. En primer lugar, abortar es para todas las mujeres, da igual la edad. El problema es la capacidad de madurez de la menor para que el ordenamiento jurídico le permitir decidir sobre su propio cuerpo. Esta ley, que es la vigente, autoriza al menor de 16 a disponer cualquier intervención sin necesidad de que los padres lo autoricen, no que no lo conozcan, el padre no está excluido. Solo se excluyen los experimentos químicos, reproducción asistida y aborto.

En el comité hemos ido a la regla general de que los menores decidan porque creemos que para cualquier intervención quirúrgica esta ley considera que un menor tiene capacidad de madurez para saber el riesgo qué implica y eso es lo que hemos tratado.

--Ha habido mucha polémica en este asunto. ¿Qué opina?

--Es un tema altamente inflamable. Lo importante no es imponer. El tratamiento del aborto en España es una materia punitiva, es decir, que se resuelve vía penal. Por tanto, eso significa una amenaza de llevar a la cárcel a las mujeres embarazadas y al personal sanitario. Esa es la perspectiva que ha cambiado en la ley y un tema que implica otras soluciones. La solución no la da castigar a las mujeres, es un proceso de derecho para ellas.