La aplicación de la Ley de Juicios Rápidos ha provocado cierta controversia en la judicatura extremeña.

Tras su entrada en vigor, el pasado 28 de abril, en los juzgados extremeños, como ya informó ayer este diario, se tramitaron en la primera semana un total de 66 juicios rápidos, tras lo cual jueces y fiscales han hecho para EL PERIODICO una valoración de su aplicación práctica. Mientras que unos, como Javier Montero, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), hacen una valoración "positiva"; otros, como Joaquín González, magistrado-juez del Juzgado 5 de Cáceres y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, consideran que se plantean "muchísimas dificultades".

Javier Montero reconoce que al fiscal le va a exigir mucho, "ya que se tiene el inconveniente de que la estructura territorial de la región es un poco opuesta a la filosofía de los juicios rápidos, pues obliga a grandes desplazamientos". También que hay algunas disfunciones de tipo informático, citaciones..., "posiblemente porque una sola semana para valorar es poco tiempo". Pero, pese a ello, la visión del Ministerio Fiscal "es muy positiva".

En su opinión, en la primera semana "se ha superado lo esperado", y considera que va a tener una incidencia práctica importante, "por lo que por parte del Ministerio Fiscal se ésta en disposición de hacer ese plus de esfuerzo que se solicita para que esta ley, que es además una demanda social, sea un éxito".

NECESIDADES

Por su parte, Joaquín González, considera imprescindible, en primer lugar, una mayor dotación de medios materiales y humanos, "pues la experiencia de esta primera semana ha puesto de manifiesto que hay una carencia absoluta de ambos". En este sentido hizo constar que si la aplicación del enjuiciamiento rápido ha funcionado, "o ha funcionado a medio gas estos primeros días", ha sido gracias a la voluntad que han puesto policías, guardias civiles, funcionarios de los juzgados, fiscales y los propios jueces. "Si no hubiese sido por la voluntad de todos ellos --sentenció-- no se habría celebrado los juzgados extremeños ningún juicio rápido".

El portavoz de Francisco de Vitoria matizó, no obstante, que no se puede hablar de fracaso, "pues hay una ley que hay que cumplir y hay que hacer todo lo posible para que se cumpla", pero sí afirmar, estimó, que es una ley que no será un éxito, "puesto que con los medios actuales no puede ser un éxito, no hay medios suficientes para que lo sea".

Para María Félix Tena, presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres y miembro de la comisión que elaboró la Ley de Juicios Rápidos, "aún es muy pronto para valorar su resultado práctico", pero considera que, en todo caso, "a priori no tiene porque haber, en la generalidad de los casos, unas especiales complicaciones".

De la Ley en sí hizo constar que surgió como una necesidad y con una proclama social. "El ciudadano no podía entender cómo con todos los avances tecnológicos existentes, que hoy que todo es tan rápido, no hubiera posibilidad de que un procedimiento penal, por delitos menos graves, su tiempo de pendencia de duración no bajase de ocho o nueve meses en el mejor de los casos".

Ante esta realidad, concluyó, "no era razonable ni comprensible no dar una respuesta".