La Administración de Justicia tardará como mínimo 10 meses en recuperar la demora que ha generado ya el mes que llevan los funcionarios en huelga. Así lo indica el juez decano de Cáceres, Federico Alba, quien ayer, en declaraciones a este diario, expresó su preocupación por el alcance de esta protesta que tiene "prácticamente paralizados" los juzgados, ya que, "desmintiendo" a la Delegación del Gobierno, el 100% de los funcionarios están secundando esta movilización, que cuenta con el respaldo de los jueces.

El retraso es tal, según valoró Alba, que los juzgados, una vez recuperen la normalidad, solo podrán atender cada mes un 10% del trabajo acumulado en estos treinta días. "Va a ser muy difícil hacer frente a la situación", concluyó. "No hay ni un solo funcionario en Cáceres que no esté en huelga", añadió el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cáceres, Joaquín González Casso, que, al igual que Alba, consideró "falsos" los datos oficiales de seguimiento que está facilitando la Delegación del Gobierno.

Por su parte, la Junta de Jueces de Cáceres, que se reunió ayer para valorar la incidencia de la huelga, ha previsto elaborar un informe al respecto. En este mismo sentido ha actuado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo Servicio de Inspección ha comenzado ya a realizar un estudio sobre los efectos que la huelga está teniendo en los diferentes órganos judiciales afectados, con el fin de adelantar las necesidades de refuerzo que se requerirán una vez concluya la protesta.

Mientras tanto, los funcionarios, tras indicar que la huelga ha supuesto ya la suspensión de 4.000 procedimientos en Extremadura, advirtieron que será necesario un "plan de choque" para recuperar los perjuicios causados. Lo hicieron tras escenificar ayer en Badajoz el entierro de la justicia , simbología de la situación actual, que persiste, además, al no haberse alcanzado acuerdo en la reunión mantenida ayer con el Ministerio, la cuarta ya. Volverán a reunirse mañana.