El juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, asegura que es "una vergüenza y una traición a los ciudadanos" el ratio de jueces por habitante que hay en España, lo cual demuestra que "la administración de justicia es la gran olvidada en la Transición". En declaraciones a la agencia Europa Press, García Cancho niega además cualquier relación entre el caso Mari Luz y las reivindicaciones del colectivo judicial, en alusión a las manifestaciones realizadas hoy por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien vincula ambos asuntos y además califica de "traición al mandato de los ciudadanos" una posible huelga de jueces.
"No soy quien para valorar unas manifestaciones del señor ministro, pero puedo decir que la traición la han efectuado los políticos a la administración de justicia, que es la gran olvidada en la Transición", sentencia el magistrado pacense, para quien lo que es "una vergüenza y una traición a los ciudadanos" es el hecho de que España ocupe el puesto número 36 en un listado de 42 países efectuado por la denominada Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia.
En este listado, elaborado en función del ratio de jueces por habitante, España aparece por debajo de países como Moldavia, Ucrania, Albania, Rumanía, Grecia o Rusia. Incluso, precisa García Cancho, a distancia de Portugal, toda vez que el país vecino, con algo más de diez millones de habitantes, tiene 7.000 jueces, mientras que España, con 46 millones de ciudadanos, unos 4.400.
Respecto a las declaraciones de Bermejo a que el caso Mari Luz está "flotando" bajo las reivindicaciones judiciales, el decano de Badajoz subraya que "hay que separar totalmente" una cuestión de la otra. "El movimiento asociativo nada tiene que ver con la sanción" al juez Tirado, explica García Cancho, quien apostilla, no obstante, que lo "verdaderamente relevante y grave" de este caso ha sido "la intromisión del poder político" en la justicia.
El magistrado pacense recuerda que el próximo día 21 se celebrará en Mérida una junta autonómica de jueces extremeños en la cual se decidirá si se confirma la convocatoria de jornada de huelga para el 18 de febrero que se adoptó en noviembre en Extremadura y Murcia. El resto de comunidades decidirán el próximo 21 si también hacen huelga en febrero.
García Cancho precisa que hoy ha hablado con los jueces decanos de Cáceres y Murcia y han coincidido en que "se mantienen los postulados" de la junta regional del 21 de noviembre, en la que se acordó la huelga.
Sin embargo, puntualiza que la semana que viene, en la junta de Mérida, los presentes podrán ratificar la huelga o bien adoptar la propuesta nacional realizada ayer por las asociaciones de jueces de limitarse a actos de protesta y, en todo caso, posponer el paro al mes de junio.
En cualquier caso, subraya que las "vías" reivindicativas defendidas por las asociaciones, por un lado, y las juntas, por otro, son "completamente compatibles", aunque aclara que, en última instancia, la "verdadera voluntad" de los jueces "no se canaliza por la vía de las asociaciones, sino por las juntas".
En cuanto a las declaraciones del ministro Bermejo sobre un intento de los jueces de "presionar" a los diputados del Congreso a la hora de elaborar la ley de la nueva oficina judicial, Emilio García Cancho responde que si bien la oficina "es urgente" no puede ponerse en marcha "con unos errores tan graves" como los que se pretende.
Así, explica que no se puede retirar a los jueces el control sobre la agenda de señalamientos, lo cual sería, a juicio del colectivo "demencial" y "horroroso". "Es incomprensible que a un cirujano le programen las operaciones que tiene que hacer", apunta a modo de ejemplo el magistrado.
Sobre las alusiones del ministro a que es el Gobierno actual el que más medios ha destinado a la justicia, indica García Cancho que "los datos que existen a la fecha son palmarios, notorios y objetivos: esto no funciona", a lo que añade que "todos los partidos políticos" no han hecho lo que debieran respecto a la administración judicial.
Sobre las subidas salariales, explica que los jueces sólo piden que "se cumpla la Ley de Retribuciones" y en particular "situaciones insostenibles como que un juez de guardia cobre a la hora 0,90 euros". En todo caso, precisa que determinadas cuestiones salariales pueden posponerse mientras dure la crisis, si bien el Gobierno debería coger "un papel y un lápiz" y comprometerse a unas subidas específicas para cuando se supere la actual situación económica.
