El juez titular del Juzgado Central número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, ha dictado un auto en el que se exime tanto a la Junta de Extremadura, como a las de Castilla y León y Castilla-La Mancha en el fraude detectado en el cobro de ayudas europeas al cultivo del lino entre 1997 y 1999.

El proceso judicial se inició con una denuncia en el 2001 de la exministra de Agricultura, Loyola de Palacio, que siguió el fiscal, imputando en los hechos a 42 agricultores y empresarios del sector del lino y a tres inspectores de los gobiernos regionales de las tres comunidades citadas.

En la resolución judicial, fechada ayer mismo, se describe el proceso por el que se ejecutaba el fraude en las ayudas, que consistía en que agricultores y empresarios acordaban repartirse las ayudas europeas para el cultivo y transformación del lino, y manipulaban las certificaciones para que constasen como cultivadas muchas más hectáreas de las reales --se llegó a incluir como campos de lino a zonas edificadas-- y como transformadas cantidades de esta planta que, o bien se abandonaban en el campo o bien ardían en incendios "de origen cuando menos no aclarado, y extrañamente reiterados", según el auto.

En lo que atañe a Extremadura, y al margen de quedar exculpado el Ejecutivo regional, se mantiene la imputación contra Alberto García Valencia, administrador de la firma de Berlanga Lino Textil Extremadura.

IMPLICACION DEL MINISTERIO

La decisión judicial, que deja la nómina de imputados en 25 personas, además, amplía la acusación del fiscal a Nicolás López de Coca, exdirector general en esa época del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

A López de Coca se le considera presunto autor de un delito de tráfico de influencias y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Para sostener la acusación, Garzón argumenta que el exresponsable del Fega se prevalía de su cargo para llevar a cabo actuaciones fraudulentas a través de Colisur SL, empresa montada por dos de sus hijos, con acciones que buscaban bloquear los controles de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y así beneficiar a sus familiares.

El auto viene a dar la razón a la Junta, que siempre sostuvo que fue precisamente desde la Consejería de Agricultura extremeña desde donde se advirtió en primer lugar al ministerio de la posible existencia de un fraude generalizado en el lino, sin que los responsables de este departamento tomasen medida alguna para investigar el destino de las ayudas concedidas.