Si el año pasado fueron las infraestructuras, todo apunta a que en esta ocasión la ‘moneda de cambio’ para pactar los presupuestos de la Junta será el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Eso sí, todavía está por ver si con el PP o con Podemos, pues ambos han vuelto a dejar claro que sus modelos «van en dirección contraria». Tras una primera toma de contacto este verano (y en la que el PP no participó) la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha citado a los grupos parlamentarios el próximo viernes para avanzar en la negociación de las cuentas del 2018. Sobre la mesa, una propuesta para la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que en los últimos meses ha generado un gran rechazo social y cuya supresión el PP ha venido pidiendo de forma reiterada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Blanco-Morales mostró ayer la disposición de la Junta para «modificar» este impuesto manteniendo las bonificaciones actuales pero mejorando los mínimos exentos para beneficiar a un mayor número de ciudadanos. Actualmente estas bonificaciones son del 99% para herencias inferiores a 175.000 euros; del 95% si alcanzan los 300.000 euros y del 90% si superan los 600.000. Además, existen reducciones en casos concretos: por ejemplo si el legatario tiene menos de 21 años y si lo que se hereda es la vivienda habitual o una empresa con el compromiso de no venderla en 10 años.

En definitiva, unas condiciones que en la práctica vienen a gravar a las herencias superiores a los 175.000 euros y que según Blanco-Morales, hacen que el 95% de los contribuyentes estén ya exentos del pago del impuesto. A la espera de mantener ese encuentro con los grupos de la oposición, la consejera no quiso dar detalles acerca de la propuesta que planteará el Ejecutivo, solo señaló que su departamento parte de una serie de «trabajos técnicos» en los que se han tenido en cuenta los modelos ya existentes en España. Entre ellos el caso de Andalucía, donde el PSOE acaba de pactar con Ciudadanos la exención para todos los contribuyentes que hereden menos de un millón de euros. En este sentido, no obstante, Blanco-Morales volvió a pedir que el Gobierno arbitre mecanismos de armonización para impedir «la competencia» a la baja entre las comunidades.

NEGOCIACIÓN / De cara a esa negociación que ahora se abrirá con PP, Podemos y Ciudadanos, la titular de Hacienda reiteró una vez más que su intención es «negociar con todos sin excluir a nadie». Espera además recibir las aportaciones de los grupos, a quienes pedirá «alternativas» para compensar la reducción de ingresos que supondrá la ampliación de los mínimos exentos de un impuesto que en el 2016 generó una recaudación de 38 millones de euros.

La intención del Ejecutivo es abordar los cambios de forma paralela a la negociación de los presupuestos de 2018 y recogerlos en una ley de acompañamiento a las cuentas en la que también se incluiría la rebaja del 1% en el tramo autonómico del IRPF que el presidente, Guillermo Fernández Vara, anunció en el último Debate sobre el Estado de la Región. «Ya no se puede seguir cargando sobre las espaldas de los extremeños la responsabilidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria», dijo Blanco-Morales.