El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, y que permitirá un ahorro cercano a los 40 millones de euros, al modificar las condiciones de una operación suscrita con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2012.
De manera "inmediata", se quiere amortizar la operación que se realizó con el ICO para el pago a proveedores, por importe de 228 millones de euros para un plazo de 10 años, y a un tipo de interés del Euribor más 525 puntos básicos. La vicepresidente, Cristina Teniente, explicó que consistiría en cancelar esa operación y "sustituirla por otra operación", bien sea "mediante emisión de deuda o mediante préstamos con bancos", que suscribirán por el mismo importe, pero con un interés del Tesoro más 75 puntos básicos. Con ello, matizó, el Gobierno "se va a ahorrar cerca de 40 millones de euros".
En concreto, Teniente informó de que se va a llevar a cabo una modificación para articular "un marco jurídico flexible que permita realizar operaciones que generen un ahorro en los costes financieros". Se trata, en definitiva, de hacer posible "una cancelación anticipada de operaciones financieras en los periodos de mayor restricción crediticia", con el fin de "disminuir la carga financiera de las operaciones que ya están suscritas a elevados tipos de interés".
La situación del mercado financiero en general y, en particular en Extremadura, han cambiado "drásticamente", con una "creciente demanda" y "notable disminución en los tipos que permiten obtener ahorros en las operaciones de financiación".
Por otra parte, y fuera del orden del día, también se aprobó la tercera edición del programa formativo para universitarios Emprendedorex, que comenzará en el mes de mayo, y por el que se va a favorecer la obtención de tres titulaciones: Máster en Emprendimiento e Innovación, en una u otra especialidad, y el Título de Especialista Universitario en Emprendimiento.
