El Gobierno de Extremadura alega que no se derribe el complejo turístico construido en la isla de Valdecañas porque generaría más daños en la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) además de por el coste que supondría su demolición, estimado en 34 millones de euros. Esta fue la postura que defendió ayer el ejecutivo extremeño en la comparecencia celebrada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

En el encuentro se dieron cita todas las partes implicadas, esto es: por un lado el Gobierno de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (municipios en los que se ubica el complejo), la promotora del proyecto Marina Isla de Valdecañas y dos comunidades de propietarios de chalés de lujo --todos defienden la no demolición-- y por otro, Ecologistas en Acción y Adenex, que fueron quienes denunciaron su construcción por razones medioambientales y que exigen que se derribe.

El resort de lujo se encuentra en espacios integrados en la Red Natura 2000 y comenzó a ejecutarse en 2007. Actualmente solo está acabada la primera fase, con una inversión de 120 millones de euros, debido a su paralización al ser declarado ilegal por el TSJEx, que proclamó nulo el decreto que permitió urbanizar la isla. Este decreto recibió luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta el 10 de abril del 2007, aún con Juan Carlos Rodríguez Ibarra como presidente autonómico.

ILEGALIDAD Sin embargo la decisión del tribunal solamente se vinculaba a aspectos adminstrativos de la legalidad urbanística del proyecto, sin entrar a valorar los aspectos ambientales. Es decir, la sala no consideraba justificada la decisión de la Junta para catalogar esta iniciativa empresarial como Proyecto de Interés Urbanístico (PIR), ni tampoco su utilidad pública o de interés social.

El ejecutivo extremeño, los promotores y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo. Después la Junta modificó la Ley del Suelo para que se permitir¡era la urbanización de los espacios protegidos. Sin embargo el Alto Tribunal volvió a dar la razón a los ecologistas y obligó a restituir los terrenos a la situación inicial.

Actualmente en el complejo de lujo hay un campo de golf con 18 hoyos, instalaciones de fútbol y fútbol 7, senderos peatonales, pistas de pádel y tenis, base náutica, un hotel de cuatro estrellas y 250 villas construidas en parcelas de 800 metros cuadrados.

EL PRESIDENTE A este asunto también se refirió ayer el presidente José Antonio Monago, quien aseguró que la postura de la Junta en este proceso no ha variado y es "defender el interés general del pueblo extremeño". Eso, dijo, "supone defender el medio ambiente pero también nuestro derecho a desarrollarnos". "El medio ambiente necesita desarrollo y el desarrollo es compatible con el medio ambiente, porque si no esto es un zoológico, un jardín botánico".

Monago precisó que el ejecutivo está dispuesto a hablar con las partes y buscar soluciones, "porque aquí no se trata de vencer a la otra parte, sino de seguir construyendo entre todos Extremadura", y confió en la buena voluntad para poder llegar a un acuerdo.

El presidente, que se definió como "el primer ecologista" y un amante del campo, insistió en que el desarrollo sostenible está avalado por muchas directrices europeas, puesto que muchos entornos naturales son fruto de la mano del hombre.

LOS ECOLOGISTAS Por su parte Ecologistas en Acción y Adenex están dispuestos a negociar pero en lo que a la demolición se refiere. "Nuestra postura no es otra que la ejecución de la sentencia en los términos en los que fue dictada. Creemos que se han incumplido determinados preceptos como es la Ley del Suelo estatal, en el sentido de que en las zonas protegidas no se puede modificar la clasificación del suelo", dijo ayer el abogado de Ecologistas, José María Trillo. El colectivo cree que la Junta aporta "informes sesgados y tendenciosos para maximizar el impacto económico y minimizar el impacto ambiental".

En los mismos términos se pronunció Adenex: "Nosotros negociaremos siempre con una demolición, que es lo que dice la sentencia, no caben indemnizaciones ni otro tipo de ejecución, podrían conservarse las depuradoras o cualquier mejora para los municipios, pero creemos que siempre hay que hablar de demolición", dijo la letrada del colectivo, M Angeles López Lax.

INDEMNIZACIONES Adenex presentó además un informe para aclarar porqué considera injustificada la indemnización solicitada por el promotor tras la declaración de ilegalidad: "Siendo el promotor el que elaboró el proyecto y el estudio de impacto ambiental, no puede exigir responsabilidad de algo que él mismo ha generado y ha creado. Distinto es la responsabilidad de un promotor en el que sale a concurso un proyecto público cuyo proyecto lo elabora la Junta y luego se declara nulo, entonces ahí el promotor tiene buena fe porque se ha limitado a realizar un proyecto de la Junta, pero aquí el proyecto es de él", afirmó López Lax.

Ayer se negaron a hacer declaraciones los representantes de la promotora Marina Isla de Valdecañas, los de los ayuntamientos y los de las comunidades de propietarios.

Tras la comparecencia, que duró más de tres horas y media y en la que no se llegó a acuerdo, el TSJEx acordó designar peritos para que se evalúe el estado en el que se encontraba la zona protegida antes de la construcción del complejo turístico --los ecologistas solicitan que se analice también la situación del espacio durante la ejecución y tras ella--. Según estos informes técnicos se decidirá si se ejecuta o no la demolición y en qué términos.