La Junta de Extremadura achaca a "errores formales" las siete actuaciones que ahora investiga la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas referidas a los años 2004 y 2005 y espera que, "como en ocasiones anteriores", las diligencias se "archiven" porque entienden que no ha existido "dolo", esto es, "nunca hubo voluntad de hacer daño".

Así lo manifestó ayer a este diario el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, al explicar cómo había actuado el Ejecutivo autonómico a la hora de hacer las contrataciones que ahora investiga el TC (ver EL PERIODICO EXTREMADURA de ayer). Además, Franco aseguró que muchas de las deficiencias que ahora se investigan "ya están subsanadas" y otras expuestas en el informe del TC "que seis años después ya son difíciles de corregir". Además, y sobre la petición del Senado de que cumpla escrupulosamente la Ley de Contratos, el consejero señaló que le harán caso y recordó que la Intervención General de la Junta de Extremadura siempre ha tenido en cuenta esas recomendaciones "para seguir avanzando en la mejora de los procesos de fiscalización y control".

EXPEDIENTES Sobre los expedientes que ahora investiga el Tribunal de Cuentas, Angel Franco citó el caso de los 42 contratos firmados para realizar el transporte escolar en 2004. En este sentido, el TC considera que debería haberse tramitado como contrato administrativo ordinario y sin embargo la Junta lo hizo con carácter "especial".

"Hubo un conflicto ese verano con los transportistas y cuando se solucionó quedaban 14 días para el inicio del curso escolar. Hablamos con la Asociación de Transportistas y llegamos al acuerdo que fueran ellos los que decidieran cómo se repartían las rutas, lo cual hicieron. Se puede decir que se apañó el contrato, pero de acuerdo con quienes iban a prestar el servicio; fue un procedimiento negociado". Al año siguiente se cambió la fórmula para contratarlo. En cuanto a la fecha de las facturas, reconoce que alguien olvidó modificarla, ya que hubo casos en los que "se prestó el servicio antes de firmarse el contrato".

En el caso de la rehabilitación de la Casa Grande de Cáceres, adjudicado por el procedimiento de urgencia mientras que las obras se demoraron 11 meses sobre la fecha prevista, el consejero arguye que se optó por esta fórmula porque se reducen los plazos "y Cultura justificaba esa urgencia. Sin embargo, al ser un edificio antiguo, los plazos no pudieron cumplirse porque fueron surgiendo muchos problemas". Además, admite que faltó en el expediente el acta de recepción de la obra, "algo lógico porque se terminó después de estar cerrado ese ejercicio".

CARRETERA Otro de los expedientes que estudia el Tribunal de Cuentas es que la certificación final de las obras de la carretera EX-325 por Villar del Rey excede el 10% del precio final.

En este sentido, la Junta reconoce que cuando se previó el crédito para la liquidación de la obra (que la ley estipula que no puede superar el 10%) hubo un cálculo erróneo "porque no se había incluido el IVA. Eso ya se le ha comunicado al TC y ahora decidirán qué hacen. Pero creemos que ha sido un error y que al no haber dolo, el expediente se archivará".

Sobre la no ejecución de las dos últimas fases del contrato para la extensión de la banda ancha a localidades sin cobertura ADSL, el consejero cree que se puede achacar a que hubo mala planificación, pero no una anomalía. "La demanda de ADSL fue menor de lo que se previó y cuando había que instalar los aparatos se comprobó que la demanda real era inferior a la prevista, por lo que no se pudo ejecutar".

Franco afirma que están pendientes de que el TC nombre instructor para que la Junta pueda dar las explicaciones que necesite ese organismo. A partir de ahí el TC decidirá si archiva las diligencias abiertas, si reprende a la Junta o si entiende que hay que enviarlo al fiscal para que se tramite vía administrativo o penal.