La Junta, las diputaciones y los ayuntamientos de Extremadura van a adoptar un nuevo compromiso con sus empresas proveedoras con el fin de solventar los problemas de liquidez que asfixian a las pequeñas y medianas empresas por la crisis económica. A propuesta del presidente del Gobierno regional, todas las administraciones buscarán las fórmulas necesarias para garantizar que el pago de las facturas no se demorará por un plazo que supere los 60 días. Se trata de una medida que ya viene recogida por la Ley de Contratos del Sector Público, pero que en muchas ocasiones no se cumple a pesar de que ello supone un incremento en la factura por los intereses de demora. Y esto es así porque estas empresas, en su mayoría de pequeño tamaño y con pocos recursos, no se atreven a enfrentarse en largos y costosos procesos judiciales con las administraciones, y también por el temor a quedar relegados frente a sus competidores en futuras contrataciones.

Fernández Vara llevó esta propuesta de compromiso al primer pleno del año en la Asamblea, en el que expuso las líneas de trabajo de su administración para el presente año. Allí se encontró con el apoyo del líder de la oposición, José Antonio Monago. El presidente del PP extremeño dio al jefe del ejecutivo regional su apoyo a esta medida, con la misma intensidad como, según dijo, su partido "ha arrimado el hombro" para ayudar a frenar la destrucción de empleo que está provocando la crisis. "No habrá un presidente de ninguna comunidad autónoma que tenga tantas manos echadas por la oposición como en el caso de Extremadura", dijo. El presidente de los populares extremeños exigió a la Junta que predique con el ejemplo, ya que la administración regional, según recordó, ha aumentado su morosidad con sus proveedores en 150 millones de euros.

La medida ha sido bien recibida por la patronal extremeña. El secretario general de la Creex, Juan Manuel Arribas, señaló que la morosidad de la administración pública es una de las cuestiones que agobian a las empresas y origina en muchos casos una insolvencia brutal", según Europa Press.

PAGOS LOS DIAS 10 Y 25 Vara, que reconoció que hay partes de su administración que tienen dificultades para satisfacer sus deudas, avanzó ayer un primer compromiso con sus proveedores, y que se refiere fijar los días 10 y 15 de cada mes como fechas de pago, medida que permitirá a los empresarios saber qué días van a recibir los pagos con el fin de organizar sus tesorerías. El presidente es consciente de que esta medida no va a ser la que soluciones todos los problemas que ahogan a las empresas, pero sí una parte de ellos.

Uno de los sectores más afectados por el avance en la morosidad de las administraciones es el de la construcción. El presidente de la Asociación de Almacenistas y Fabricantes de Materiales de Construcción de Extremadura, Marcos Mariño, asegura que las empresas del sector en la región cobran de media 230 después de servir el pedido o hacer el trabajo a las administraciones. El sector está muy preocupado y, a nivel nacional, va a presentar al Gobierno la necesidad de que se ponga en marcha una ley de punto y final en el retraso en los pagos y que se converja también en este asunto con Europa, donde la demora media es de 30 días. La morosidad relacionada con la administración afecta también al sector de las empresas de limpieza pública. Una de sus mayores patronales, Aselip, calcula que la demora media de los ayuntamientos se sitúa entre los siete y los ocho meses.

La asociación asegura que la morosidad de las corporaciones locales es un problema que se arrastra desde hace años, pero que se ha agravado con la crisis, en concreto con el descenso de los ingresos municipales ligados a la construcción residencial. En la práctica las empresas están financiando el déficit de los ayuntamientos, lo que las ha llevado a una situación límite.