La Junta de Extremadura cuantifica en 4.113 las plazas mínimas adicionales que debe aprobar en distintas convocatorias extraordinarias antes de que finalice el año 2019 para cumplir con el compromiso pactado de reducir la temporalidad en la función pública extremeña a un ocho por ciento. La directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, facilitó ayer estos datos tras la reunión con los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Administración, a la que asistió la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales. En la reunión se abordaron los criterios generales de estabilización para reducir la temporalidad al 8% y precisó que se ha partido, para ello, de una primera cuantificación de plazas. «Esto implicaría la aprobación de ofertas extraordinarias que se unirían a las ordinarias» en los distintos sectores de Educación, Sanidad y Administración General. Según la cuantificación mínima de plazas realizada, más de 2.400 plazas corresponderían al Servicio Extremeño de Salud (SES) y unas mil a Educación, mientras que a la Administración General irían 206 más una sobre tasa adicional de en torno a 500, que corresponderían a las vacantes de indefinidos no fijos. La directora general de Función Pública explicó que estas convocatorias, que deben realizarse en los próximos cinco años, se irían realizando de forma paulatina, para evitar efectos llamada o coincidir con los procesos de otras comunidades.

Sin embargo, sigue habiendo muchas cuestiones abiertas para los sindicatos. El presidente autonómico de CSIF, Benito Román, señaló que para bajar de la tasa actual de temporalidad del 21% al 8% se necesitan 11.000 plazas, unas 4.000 de ellas en Educación, 5.000 en Sanidad y 2.000 en Administración General, por lo que la propuesta de la Junta es «totalmente insuficiente». Para Francisco Jiménez, de CCOO, la reunión de ayer fue «demasiado corta» para abordar un asunto de tanta transcendencia e insta a que se establezcan criterios claros en estos procesos. Por su parte, José Ignacio Luis, de UGT, abogó también por que se amplíe la tasa de reposición para que se cree empleo neto, así como por el establecimiento de criterios de valoración y bases que sean homogéneas.