Asociaciones de consumidores y Administración regional acordaron ayer trabajar de forma conjunta en favor de los derechos de los cerca de 20.000 extremeños afectados por la presunta estafa de las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico.

En una reunión celebrada ayer en Mérida y en la que estuvieron presentes responsables de la Consejería de Sanidad y Consumo y representantes de la Unión de Consumidores de España (UCE), la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), se acordó unir esfuerzos bajo la coordinación de la Administración regional, que se encargará de crear un registro general con los afectados extremeños.

Por su parte, las asociaciones de consumidores se encargarán de informar a los ciudadanos de sus derechos y los pasos a seguir y gestionarán las reclamaciones de los afectados, llegando si es necesario a emprender las acciones judiciales que procedan. El objetivo es garantizar que los afectados puedan tener una defensa justa y gratuita.

CALMA Y SERENIDAD Para ello, insistió ayer la Consejería de Sanidad y Consumo, es necesario mantener "una actitud de serenidad", ya que si se demuestra la existencia de delito todos los ciudadanos dispondrán de tiempo suficiente para presentar sus reclamaciones, según insistieron desde la Junta.

Desde las asociaciones de consumidores manifestaron ayer que los 20.000 afectados se reparten por toda la región, aunque hay algunas zonas en las que el número de consultas y denuncias es mayor, como son Coria, Don Benito, Villanueva de la Serena, Cáceres o Almendralejo, entre otras.

También existen algunos municipios pequeños, como Valdefuentes, en los que una gran parte de la población tiene invertidos sus ahorros en una de las compañías intervenidas.

En cuanto a las cantidades invertidas, varían desde pequeñas cifras --principalmente las destinadas a los planes de ahorro-- hasta inversiones de 90.000 y 300.000 euros, como es el caso de algunos afectados.