La Junta de Extremadura reconoce la labor del Tribunal de Cuentas y resalta su disposición de poner en marcha las "medidas necesarias" para acatar y corregir las recomendaciones y deficiencias advertidas por este órgano en el informe de las anualidades 2004 y 2005 sobre la gestión económica de la comunidad.

Según informa la agencia Europa Press, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, y presentó los resultados del informe realizado por el "supremo órgano fiscalizador" y que por primera vez analiza la gestión de dos años.

Franco considera "necesaria" la labor que realiza el Tribunal de Cuentas con la realización de este informe, además de resaltar que las recomendaciones e indicaciones que expone son tenidas en cuenta, prueba de ello, es que se ha enmendado la "laguna legal" que ponía de manifiesto el informe de 2003 en relación al régimen aplicable al Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, y además se ha completado durante 2005, la implantación del Plan General de Contabilidad Pública a todas las entidades autonómicas sujetas al mismo.

Además, resalta que aunque se acatan estas recomendaciones no siempre se comparte la opinión de los auditores del Tribunal de Cuentas por lo que las alegaciones que la Junta de Extremadura presenta también supone un parte "esencial" del informe.

En cuanto a las recomendaciones recogidas por el Tribunal de Cuentas respecto a los ejercicios 2004 y 2005, Franco manifiesta que se ha culminado durante 2005 la adaptación del Sistema de Información Contable de la Comunidad a diversos entes públicos.

El informe hace hincapié en la "conveniencia" de adoptar algunas medidas de "tipo organizativo", como en el Sexpe, que desde la Junta son rechazadas por considerar que el sistema actual es "más seguro y mucho menos costoso" que dotar servicios de presupuestos, contabilidad o tesorería propios.

También se recomienda la "conveniencia" de un módulo contable de financiación afectada, sin embargo su función la cumplen otros subsistema del propio Servicio de Contabilidad y de la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

De la misma manera, Franco resalta que próximamente la comunidad dispondrá de una Ley de Consejo de Cuentas para la creación de un órgano adscrito a la Asamblea que desarrolle la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público y del cualquier sector público o privado que administre o custodie fondos públicos dentro de la comunidad. El objetivo de la Junta es que esta ley pueda nacer del "más absoluto consenso".

En su intervención a petición propia en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Ángel Franco desgrana el contenido del informe en el que se pone de manifiesto que la administración cumple con el mandato de la Ley de Estabilidad Presupuestario, arrojando un superávit contable de 40 millones, en 2004, y de 318 millones, en 2003.

En lo que se refiere a la deuda, queda acreditado también el cumplimento del compromiso de no incremento, con lo que la carga financiera en relación con los ingresos corrientes es del 2 por ciento en ambos ejercicios.

En el apartado de contabilidad, las modificaciones presupuestarias netas de la comunidad han supuesto un aumento del créditos iniciales de 171 millones de euros en el ejercicio 2004 y 167 millones en 2005, lo que representa un incremento del 4 por ciento en ambos ejercicios. Este aumento es tres puntos porcentuales inferior al de 2003, y el más bajo de los últimos 10 ejercicios, lo que denota un menor ajuste en la presupuestación, según expuso el consejero.

De la misma manera, en cuanto al resultado presupuestario, el Tribunal de Cuentas señala que la evolución del mismo muestra una "evidente tendencia de crecimiento", con un incremento interanual acusado entre los ejercicios fiscalizados alcanzando un 303 por ciento, pasando de 60 millones de euros en 2004 a 242 millones de euros en 2005, resultando un superávit de financiación de 124,4 millones de euros en 2004 y 276,2 millones en 2005.

El remanente de tesorería calculado por el Tribunal de Cuentas asciende a 55 millones de euros en 2004 y 267 millones de euros en 2005, resultando "algo superior" al que resulta de la Cuenta General, como consecuencia de algunos ajustes temporales "positivos" efectuados en el propio informe.

Asimismo, se pone de manifiesto que el Fondo de Maniobra a finales de 2005 se eleva a 322 millones de euros, lo que denota una "notable solvencia" financiera a corto plazo sustentada en una "elevada cifra de activos disponibles".

En cuanto a la situación patrimonial, Ángel Franco destaca que la Junta ha efectuado un "fuerte impulso" de las labores de inventariado de bienes a través de los convenios suscritos con las diputaciones provinciales en 2004.

También la posterior ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada en 2008, constituye, a juicio de Franco, una herramienta "muy importante" para la estabilidad y seguridad del patrimonio regional.

Otros de los capítulos del informe se refiere a la contratación administrativa, en el que las observaciones del Tribunal de Cuentas se circunscriben a aspectos "formales".

De esta forma, en el informe de los ejercicios 2004 y 2005 queda "claro" que la Junta cumple con los principios de "concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia" en materia de contratación, además se esfuerza en mejorar los procedimientos e en introducir nuevos instrumentos de supervisión.

En relación a las subvenciones, en general, la gestión por parte de la Administración regional es la "adecuada", y las "deficiencias" de "escasa relevancia" puestas de manifiesto en el informe tienen que ver con la tardanza en las resoluciones de concesión fruto de la "ingente cantidad de subvenciones" que se tramitan a lo largo de un ejercicio.

Al respecto, Ángel Franco remarca que la Junta trabajará en incrementar los controles por parte del órgano gestor y mejorar en aquellos casos en los que sea necesario.