El Gobierno de Extremadura "sospecha" que las presuntas irregularidades cometidas a "gran escala" por patronal y sindicatos en los cursos de formación de empleados no sólo se cometieron en el año 2011. Para el ejecutivo regional, el fraude se retrotrae también de forma continuada a los años precedentes. En concreto, desde que el sistema de justificación de este tipo de subvenciones se puso en marcha a través del Decreto 150/2008, de 25 de julio. De ahí que la documentación de los cursos del 2011 se encuentre ya desde el martes en la Fiscalía contra la Anticorrupción y la Criminalidad, pero independientemente a esta vía, la Consejería de Empleo abrirá a su vez la vía administrativa para conocer en detalle qué pasó en todas las convocorias precedentes, desde el 2008.

En un comunicado de prensa, el ejecutivo regional anunció ayer que la Intervención General de la administración autonómica va a iniciar una investigación sobre los 30 millones de euros adjudicados en dichos cursos, de 2008 a 2010. Así --asegura-- lo solicitó ayer a la Dirección Gerencia del Sexpe.

De la cuantía supuestamente defraudada, se estima inicialmente en más de tres millones de euros, según una auditoría externa, la mitad -unos 1,5 millones- correspondería a la patronal extremeña y el resto, a los sindicatos (600.000 euros de CC.OO, otros 600.000 de UGT y 300.000 de Sepes).

CAMBIOS El decreto que sostenía estas ayudas estuvo en vigor hasta que en 2012 el Gobierno de José Antonio Monago, al comenzar a detectar los supuestos fraudes en las facturas --según explicó la consejera--, lo suprimió y sustituyó por otro que modificaba el modelo para hacerlo "más riguroso y estricto" y que ya estaba bajo el control en su totalidad por la Administración regional.

Hasta entonces, y desde el 2008, la gestión de este tipo de subvenciones dependía de la Fundación Tripartita (órgano a nivel nacional formado por sindicatos, patronal y la propia Administración). Desde el 2012 se han reducido significativamente las cuantías de las ayudas para dichos cursos.

El ejecutivo regional recordó que la investigación de la convocatoria de cursos de formación de ocupados de 2011 se lleva realizando desde julio de 2014 con el conocimiento y requerimiento de documentación de todas las partes implicadas. .

A todas ellas, el Sexpe les informó de que se realizaría una auditoría del 10% de lo concedido y, por tanto, se "les ha ido requiriendo toda la documentación durante este tiempo para justificar las subvenciones. También se les ha remitido el informe provisional de la auditoría para que realizasen las alegaciones y subsanaciones oportunas".

Por último, el Gobierno extremeño solicita a todos los partidos que condenen el presunto fraude como en otras Comunidades Autónomas, en referencia, aunque sin citarlo expresamente, al escándalo de los cursos de formación para parados en Andalucía.