El primer debate parlamentario celebrado ayer en torno a la ley antibotellón dejó claro que aún existen grandes diferencias en este ámbito entre la oposición y la Junta de Extremadura. Así, la consejera de Trabajo, María Antonia Trujillo, criticó la actitud adoptada por el Partido Popular y lamentó la diferencia de posturas de unos y otros. Puso como ejemplo que mientras el texto alternativo presentado por el PP propone alejar el botellón a 300 metros de las viviendas habitadas, el delegado del Gobierno, Oscar Baselga, y el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, le pidieron a la Junta que prohíba de forma general beber en la calle. Por su parte, el diputado popular Javier Casado afirmó que el texto normativo propuesto por el Gobierno regional adolece de falta de financiación y concreción, mientras que traspasa competencias a los ayuntamientos de la región sin asumir prácticamente ninguna.
El Proyecto de Ley de la Convivencia y el Ocio --la denominada ley antibotellón -- dio ayer un paso más al rechazar la Cámara, con los votos en contra de IU y PSOE, el texto alternativo presentado por el PP.
TEXTO CONSENSUADO
Trujillo insistió en que el texto impulsado por la Junta, que se aprobará en el próximo Pleno, ha sido elaborado tras analizar las opiniones "de toda la sociedad extremeña". Entre otras cosas, recordó, la norma prohibirá el consumo de alcohol en las vías públicas excepto en los lugares habilitados para ellos por los ayuntamientos, "que son los que mejor conocen la realidad local".
Además, rechazó la división de opiniones del PP. De esta forma, la consejera señaló que mientras los populares piden en la asamblea que el botellón se traslade a 300 metros de las viviendas, Miguel Celdrán y Oscar Baselga "pidieron por escrito que se prohibiese el consumo de alcohol en las vías públicas".
Mientras, el diputado del PP Javier Casado resaltó que la norma de la Junta no aborda el problema del consumo de alcohol, no asume compromisos concretos ni destina financiación a los distintos programas.
