El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, advirtió ayer a las comunidades autónomas de que ir "cada una por libre" no ayuda a resolver el "problema" de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, por lo que volvió a defender el registro de indocumentados que plantea, donde se prestaría atención primaria a todos los sin papeles, pues resulta "irresponsable" emitir tarjetas "sin control". El ministro dijo, además, "no es que me parezca importante a mí, le parece también a la Constitución porque la competencia es del Estado". Sin embargo, desde la Junta de Extremadura opinan de otra manera, entienden que las competencias en materia de Sanidad son de ámbito autonómico, por lo que se proponen entregar tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papales que lleven 3 meses empadronados en la región con las mismas garantías y prestaciones que el resto de usuarios: atención primaria, especializada y farmacéutica. La única salvedad es que en estas tarjetas no aparecerá la frase de "al titular se le permite el acceso a todo el Sistema Nacional de Salud", sólo tendrá validez en territorio extremeño, con lo que no se invaden competencias del Estado.

Desde el departamento que dirige José María Vergeles se informó ayer que la decisión se ha adoptado por razones de "humanidad y de salud pública". Y que la misma será defendida en el próximo consejo interterritorial de Salud el próximo miércoles en Madrid donde intentarán convencer al Ministerio de Sanidad de que se trata de la vía correcta. El propio consejero de Sanidad aseguró ayer en declaraciones a Canal Extremadura que el colectivo médico extremeño se muestra a favor de la propuesta de la Junta, dado que se le da una cobertura legal a todos los facultativos. La consejería considera que en aproximadamente dos meses, se entiende que en el mes de noviembre, se empezarán a emitir estas tarjetas, que no incrementarán significativamente el gasto sanitario de la región.

El ministro de Sanidad, por su parte, tratará de alcanzar un consenso global del miércoles, algo por lo que también aboga Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, de igual modo en contra del registro que propone el ministerio pero a favor de una decisión consensuada entre las 17 comunidades. El PP extremeño recordó por su parte que durante su gobierno, en la anterior legislatura, "siempre se garantizó la asistencia a inmigrantes bajo cualquier circunstancia".