La directora general de Empresa, Ana María Alejandre, anuncia que las ayudas de la Junta de Extremadura para la reestructuración financiera de las pymes, dotadas esta año con un mínimo de dos millones de euros, les permitirán acceder mejor a "una financiación suficiente, asequible y ventajosa".

Según recoge la agencia Efe, Alejandre da cuenta del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el viernes pasado, que establece un programa de ayudas para la reestructuración financiera de las pymes, con líneas subvencionables de apoyo al capital circulante, refinanciación de pasivos e inversiones inmobiliarias a través de ICO-Vivienda.

Se trata de paliar los efectos de la crisis sobre las empresas y de poner en marcha estas medidas coyunturales para afrontar aquellas dificultades que, por su carácter más inminente, precisan de una solución a corto plazo. Entre ellas, la restricción para acceder al sistema bancario crediticio y facilitar el acceso a una financiación suficiente y asequible que posibilite la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

El decreto contempla un paquete de medidas basadas en las bonificaciones de intereses dirigidas, por un lado, a facilitar el acceso al crédito que pueda financiar el circulante de las empresas, y por otro, posibilitar la reconversión de deudas por financiación ajena con unas condiciones más ventajosas para las pymes.

La cuantía máxima a conceder para cada una de las líneas es de hasta 2,5 puntos porcentuales durante los dos primeros años de vigencia del acuerdo.

Asimismo, según la directora general de Empresa, también se establece una tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas "reducida al mínimo y con un sólo acto".

En este sentido, los interesados , ya sean personas físicas o jurídicas, únicamente tendrán que presentar documentos como la acreditación de su condición como pyme y de los créditos que tienen formalizados con las entidades financieras con las que trabajan, entre otros.

Alejandre reitera que los beneficiarios son las pymes extremeñas, es decir, las empresas que tienen menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio inferior a 50 millones de euros y una facturación de menos de 43 millones, una situación en la que se halla el 98 por ciento de las empresas de la comunidad autónoma.

Según la directora general, desde el comienzo de la legislatura la Administración trabaja en "dos frentes", uno "paliar las dificultades" de las empresas en una situación de crisis económica y el otro cambiar y mejorar la estructura del modelo productivo y, en general, económico.