La Junta informó ayer que la penalización de 54,9 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a España por la existencia de viñedos ilegales en Extremadura y Castilla-La Mancha es fruto de la acción "de unos pocos agricultores" y lamenta que esto haya derivado en una penalización para el Estado. Según el Gobierno extremeño, en la región existen aún 583 hectáreas de viñedo ilegal, frente a una superficie autorizada que roza las 90.000 hectáreas.

Según explica la Junta, los servicios de inspección de la Comisión Europea visitaron Castilla-La Mancha y Extremadura en julio del 2002, y posteriormente, en el 2006, hicieron lo mismo en La Rioja y Castilla León. "Como consecuencia de que determinados agricultores incumplieron las normas de plantación de viñedo al no contar con los derechos y permisos oportunos, la Comisión Europea ha penalizado a España", según se indica en una nota.

La sanción deriva de que la normativa europea fija para el sector del vino un cupo de hectáreas por país, concediendo ayudas vinculadas a este cupo, para evitar que exista una sobreproducción que hunda los precios. De este modo, nadie que pretenda comercializar uvas para vino puede sembrar libremente, sino que ha de solicitar que se le autoricen las hectáreas de viñedo en función de la reserva que exista en cada Estado o comprando derechos de plantación a los agricultores que ya los posean. Para fijar este cupo se tomó como referencia lo que había sembrado el 1 de septiembre de 1998, lo que supone que todo el viñedo sembrado posteriormente --a no ser que se comprara cupo-- es ilegal y debe ser arrancado.

DECLARACION INCORRECTA La declaración de la Comisión Europea indica que los informes para certificar si los viñedos eran anteriores o posteriores al 1 de septiembre de 1998 fueron realizados por ingenieros agrónomos independientes pagados por los propietarios, y que tal documentación era incorrecta, ya que se comprobó que se daban como autorizados viñedos plantados después de la fecha límite.

Desde el Gobierno extremeño se ha indicado que en todas las parcelas donde se ha detectado la existencia de viñedo ilegal se ha instado a los propietarios a su arranque. En los casos donde tal orden no se ha cumplido, se han puesto en marcha procedimientos sancionadores "y en algunos casos incluso por la vía penal".

Según indica la Junta, el esfuerzo realizado por resolver el problema que ha dado ahora lugar a la sanción europea es patente vista la cantidad de procesos sancionadores que se han puesto en marcha, "no sólo por plantaciones ilegales, sino también por incumplimientos en cuanto al destino de la uva producida en dichas parcelas, que debe ser destilada sin ayuda alguna".

Fruto de estas actuaciones sancionadoras, y siempre según el Ejecutivo regional, hasta la fecha se han arrancado 850 hectáreas de viñedo ilegal.

ESPAÑA RECURRIRA Por su parte, el Ministerio de Agricultura explicó que las hectáreas consideradas como ilegales por la Comisión Europea "son en realidad hectáreas regularizadas en España con arreglo a la normativa nacional, no estando la Comisión Europea conforme con el procedimiento utilizado".

En todo caso, desde el ministerio se ha señalado que España mantiene que tales hectáreas se regularizaron correctamente, por lo que "interpondrá en los próximos dos meses un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Desde Agricultura también se especifica que de cualquier modo el procedimiento de penalización "no tiene repercusión alguna en el productor, y concretamente en los viticultores extremeños" y se subsanan entre España y la Comisión. h