Casi dos meses después, la negociación comienza a dar sus frutos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, registró ayer en la Asamblea el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para el año 2018, cuya cuantía total asciende a 5.433,9 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a los de este año después de que el borrador que se presentó inicialmente, de 5.408 millones, se haya incrementado en 25 para recoger las demandas de Podemos. Las cuentas inician así su recorrido parlamentario con la seguridad de superar ya el primer trámite toda vez que la formación morada descartó el lunes formular enmienda total o apoyar las que puedan presentar el PP o Ciudadanos (Cs).
Según explicó Blanco-Morales, se trata de unos presupuestos que «consagran, confirman y continúan con el derecho a tener derechos», unas cuentas que consolidan las políticas de los últimos años con medidas que refuerzan el empleo de calidad y garantizan la igualdad, todo ello cumpliendo los objetivos de deuda, déficit o pago a proveedores y una previsión de crecimiento económico superior al 2% para la economía regional. De cada 10 euros, 6,5 se destinan a políticas sociales (habrá para este fin 161,2 millones más que este año) y 2,5 a políticas económicas, que son aquellas destinadas a estimular el crecimiento económico.
El documento que la Junta registró ayer en la Asamblea introduce novedades importantes respecto al que se envió el pasado 7 de noviembre a los grupos parlamentarios en el marco de la negociación previa. En él se han recogido buena parte de los planteamientos de Podemos para pactar las cuentas con la Junta, si bien las cifras reflejadas se han quedado muy por debajo de las pretensiones de la formación morada. Así, el presupuesto se incrementa de forma global en 25 millones de euros, hasta los 5.433,9, lo que supone 262,3 millones más (+5,1%) que el de este año.
Blanco-Morales detalló que esos 25 millones se han obtenido tras recibir la Junta los datos actualizados de los ingresos que vendrán a cuenta del sistema de financiación autonómica (15 millones más), la mejora de la certificación de fondos europeos (8,4) y la previsión de aumentar los ingresos patrimoniales (se generan por rentas de propiedades, depósitos bancarios, pago de cánones, etc.) en 2,6 millones más gracias a la mejora de la actividad económica.
«Desde el primer momento nos hemos movido en la veracidad y el cumplimiento de los ingresos», afirmó la consejera, que explicó también cuál será el destino de esos 25 millones adicionales. En primer lugar, un Fondo de Garantía Social Complementario dotado con 7,5 millones que se suma al que ya existe, que cuenta 51,6 y que se destina a renta básica, mínimos vitales o ayudas para gastos urgentes (59,1 millones en total). En segundo lugar, un Plan de Empleo Social Complementario con un presupuesto de 8,5 millones que hay que añadir al que ya se contemplaba, dotado con 24, de forma que la cuantía destinada en conjunto para este fin será de 32,5 millones de euros.
Además, se ha incluido otro plan de empleo extraordinario para corporaciones locales que cuenta con 10 millones y se ha recogido un incremento de las partidas destinadas a las ayudas energéticas, todo ello al hilo con las demandas de Podemos. Sin embargo, la formación exigía cifras mucho más elevadas: 86 millones para la renta básica y otros tantos para el plan de empleo social y 12 millones para las ayudas de mínimos vitales.
PRINCIPALES CIFRAS / Blanco-Morales destacó en todo momento el «claro refuerzo» que el gasto social ha tenido en este presupuesto, cuyas cifras globales «obeceden a una dinámica sostenida de crecimiento» sin dejar de contemplar «algunos riesgos» como la prórroga de los presupuestos del Estado (ha impedido fijar con concreción la subida salarial de los funcionarios, que será del máximo que permita el Gobierno), la inestabilidad política que vive España o la sequía. «Estamos en una fase de consolidación del crecimiento económico y esperamos contribuir a que este sea más equilibrado y que sus efectos lleguen a todos los extremeños», afirmó la consejera.
Respecto a estabilidad presupuestaria, señaló que tras un esfuerzo de consolidación fiscal «digno de recuerdo», en 2018 Extremadura estará en disposición de cumplir los objetivos de déficit (este se ha reducido 270 millones entre 2014 y 2017), deuda y pago a proveedores con el compromiso de «no dejar más facturas en los cajones».
