Sigue el «compromiso» con los más vulnerables. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la nueva convocatoria de las ayudas a los suministros mínimos vitales, que contarán en 2018 con un presupuesto de 4,5 millones de euros ampliables. Estas prestaciones, gestionadas a través de los ayuntamientos, van destinadas a las familias más necesitadas para hacer frente al pago de las facturas de agua, luz y gas, incluido el restablecimiento del servicio ante posibles cortes por deudas.

Tras el cambio de la normativa el año pasado para flexibilizar las ayudas, la convocatoria de 2018 vuelve a incluir «novedades importantes», entre ellas el aumento del techo de ingresos para poder beneficiarse. Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, pasa del 75% al 80% del Imprem, subiendo por tanto de los 5.639 euros de antes a 6.015 en el próximo ejercicio. Además, para el cómputo de rentas no se tendrán en cuenta las prestaciones por dependencia, por hijo a cargo o la renta básica y otras similares, todo ello con la finalidad de aumentar el abanico de potenciales beneficiarios. La cuantía de las ayudas dependerá de los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar, aunque sí se han establecido máximos de entre 600 euros (para hogares de dos miembros) y 800 (cinco o más). El plazo de solicitud se mantendrá abierto durante todo el año.

Al igual que ahora, en la convocatoria de 2018 tampoco habrá límites al consumo (en la primera, de 2016, se establecieron topes de seis kilowatios/hora para la electricidad y 100 litros de agua por hogar). Las ayudas se gestionarán a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, que serán los encargados de abonar la factura directamente a las compañías distribuidoras, añadiéndose como gasto susceptible de subvención el alta o reconexión a la red tras un corte de suministro por impago.

Gil Rosiña destacó que con esta nueva convocatoria, se sigue avanzando en el «compromiso, empeño y constancia» que el Ejecutivo socialista tuvo desde el inicio de la legislatura en la lucha contra la exclusión social y la pobreza. «Un compromiso por poner un muro de contención, por tejer una red desde la política y lo público que proteja a los ciudadanos más vulnerables y que en la anterior legislatura fue aniquilada».

MÁS ASUNTOS / Al margen de este asunto, el Consejo de Gobierno también dio ayer el visto bueno a la convocatoria de subvenciones para los programas de formación destinados prioritariamente a trabajadores ocupados, con un importe de cuatro millones de euros para 2018. Según detalló Gil Rosiña, la oferta de estos cursos se compone de planes sectoriales (para sectores concretos) y transversales (para la adquisición de competencias varias), incluyéndose por primera vez en la modalidad sectorial de Agricultura acciones sobre la economía verde y circular.

Por otra parte, el Ejecutivo dio luz verde a un decreto por el que se nombra a Inés Carreras González, hasta ahora directora general de Empleo, como nueva secretaria general de la Consejería de Cultura e Igualdad. Como se recordará, se trata de una consejería creada hace unas semanas tras la remodelación del gobierno.