Acuerdo de la comisión bilateral de la Junta y el Gobierno central sobre la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura. Fue el documento que salió publicado ayer en el DOE y con el que, supuestamente, se pone punto y final a las discrepancias entres ambas administraciones por la nueva normativa regional (vigente desde el mes de agosto) que prohíbe las gasolineras low-cost, esto es, aquellas que no cuentan con trabajadores. Uno de los argumentos para no permitirlas es que no garantizan la atención a las personas con discapacidad.

Según explicaron ayer desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con este acuerdo se sella la paz entre Junta y Estado en relación a esta nueva norma, cuestionada porque invadía competencias nacionales y porque las low-cost sí se permiten a nivel estatal.

AÚN SIN ESPECIFICAR / Pero ahora el Gobierno central avala que, efectivamente, se protega a las personas con discapacidad. A cambio la Junta se compromete a «hacer matizaciones para respetar las competencias estatales y europeas al respecto». ¿Qué significa esto? «Los servicios jurídicos tendrán que especificarlo», fue lo único que manifestaron ayer desde Sanidad y Políticas Sociales. Pero lo cierto es que en ese acuerdo no se aclara todavía si se seguirá permitiendo la prohibición extremeña de las estaciones de servicio sin trabajadores. «No sabemos aún cuál va a ser la modificación para no invadir competencias, pero lo importante es que se acabaron las discrepencias», insistieron desde la consejería. Lo que implica que la normativa puede seguir vigente.

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Europeo «la desprotección que para los derechos de las personas con discapacidad supone la legislación europea que permite las estaciones de servicio de carburantes sin personal».