El Ejecutivo extremeño solicitará un dictamen al Consejo Consultivo sobre las posibilidades de interponer un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, con el fin de garantizar su voz ante procesos de fusión o absorción de las cajas de ahorro.
El Consejo de Gobierno ha tomado esta decisión en su reunión de hoy, en la que finalmente no ha aprobado el anteproyecto de ley de creación del Instituto de Finanzas de Extremadura como estaba previsto, aunque lo hará la próxima semana, según han informado la vicepresidenta primera, Dolores Pallero, y el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, en rueda de prensa.
En virtud del real-decreto citado se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que permitirá que las entidades financieras españolas dispongan este año de 9.000 millones de euros para afrontar su reordenación o reforzar sus recursos.
Franco ha aclarado que el Ejecutivo extremeño comparte el buen fin de esta norma, por cuanto el sector financiero también está sufriendo la crisis económica y una "drástica" reducción de sus beneficios empresariales, de modo que "debe ser objeto de atención prioritaria".
Sin embargo, estima también que pudiera haber algún vicio de constitucionalidad en lo referido a la normativa de las cajas de ahorro, por lo que se ha acordado solicitar un dictamen, por el procedimiento de urgencia, al Consejo Consultivo.
En este sentido, ha explicado que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y dos leyes regionales establecen que es necesaria la autorización administrativa del Consejo de Gobierno para proceder, llegado el caso, a procesos de fusión o absorción de cajas de ahorro o cooperativas de crédito regionales.
Según ha dicho, esta competencia puede peligrar en uno de los sistemas de actuación que establece el FROB, en concreto, cuando las entidades financieras tienen que acudir al auxilio de este fondo "no por una situación de debilidad, sino por una situación más extrema, de auténtica necesidad".
En este supuesto, el real decreto establece que el Banco de España "tiene todos los poderes para hacer lo que crea conveniente, incluida la sustitución de los administraciones de la propia entidad", para que luego se traduzca en un proceso de reestructuración.
Llegado a este punto, todos los poderes están en mano del propio fondo, cuyo administradores designa directamente el Ministerio de Economía y que preside un subgobernador del Banco de España, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.
Según ha dicho Franco, con la normativa vigente, es necesaria la autorización administrativa del Consejo de Gobierno para proceder a una fusión o absorción de las entidades regionales, un requisito que, a su juicio, hay que mantener.
"Las CCAA en estos procesos tenemos que seguir teniendo voz, tenemos que dar nuestro opinión sobre eventuales procesos que, afortunadamente, en Extremadura no hay indicios de que tengan que producirse por la buena situación de solvencia que mantienen las cuatro entidades financieras regionales", ha subrayado Franco.
No obstante, ha aclarado "no tenemos nada que objetar" a otros de los sistema de actuación que fija el FROB, en concreto, el que establece que las entidades que se vean en una situación de debilidad, o que quieran reforzar su situación de liquidez, pueden acudir a este fondo voluntariamente.
"A eso nosotros no tenemos nada que objetar, pues nos parece una medida adecuada", ha precisado.
La solicitud del dictamen al Consejo Consultivo es preceptiva con carácter previo a la interposición del recurso, que llegado el caso se debería presentarse en un plazo de tres meses.
