La Junta exige dotación presupuestaria para asumir la sanidad penitenciaria

El Gobierno regional se ha pronunciado así después de que el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, anunciara esta semana que la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas se llevará a cabo en esta legislatura.

"No hay ningún problema en abrir la negociación para el traspaso de esas competencias, que las asumiremos si vienen acompañadas de dotación presupuestaria", han remarcado fuentes del Gobierno extremeño.

De hecho, esta exigencia de financiación planteada por el Ejecutivo regional es respaldada por todos los Grupos Parlamentario de la Asamblea extremeña (PSOE, PP, C's y Podemos), tal como quedó reflejado en la sesión plenaria celebrada en noviembre de 2016.

Arroyo adelantó las intenciones del Gobierno central en la 'Jornada sobre el VIH. Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria', organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), cuyo presidente, Juan Ramón Barrios, reconoció que se trata de "una muy buena noticia", aunque advirtió que "lo recibimos con cautela, ya que son muchos años los que llevamos esperando".

La ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, recogía que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas y establecía un plazo de 18 meses para su integración de en el Sistema Nacional de Salud, aunque sólo Cataluña y el País Vasco tienen la competencia.

Según Carmen Hoyos, coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, "el incumplimiento de las transferencias repercute en la asistencia que están recibiendo las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático".

"Desconocemos toda la historia clínica de cualquier enfermo al no tener acceso; además, el sistema de digitalización del historial médico que se está llevando a cabo con mucho trabajo es incompatible con los centros penitenciarios, excepto con los de Murcia y Madrid", ha denunciado.

En noviembre del pasado año, el pleno de la Asamblea extremeña aprobó por unanimidad que la Junta solicitara al Gobierno la transferencia de las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria con la consiguiente financiación, tal y como recoge la ley aprobada en 2003.

En la propuesta de Podemos, enmendada por Ciudadanos (en lo referente a que se haga con financiación), se recuerda que el Reglamento Penitenciario prevé que a los internos se les garantizará una atención sanitaria equivalente a la del resto de ciudadanos, pero la realidad es que hay falta de equidad en esa asistencia, lo que conlleva deficiencias.

Sin embargo, la realidad que se desprende de las tasas de enfermos de VIH o de transtornos mentales, ponen de manifiesto la necesidad de que se ejecute lo marcado en esta ley, ya que también conlleva problemas para que los sanitarios ejerzan su labor.

Según se expuso, estos profesionales actúan "aislados" del resto del Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que les impide, por ejemplo, a un facultativo conocer que enfermedad ha sufrido un interno antes de su entrada en prisión.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PP, José Ángel Sánchez Juliá, afirmó entonces que la atención sanitaria penitenciaria es "una isla" y apuntó que con la asunción de estas competencias se mejoraría esta asistencia, así como las condiciones laborales de los profesionales.

Sin embargo, coincidiendo con la portavoz de Ciudadanos, consideró necesario que esas asunción de competencias venga "con todas las garantías y correctamente" en materia de financiación y que se haga "con altura de miras" y no con "chapuzas" como ocurrió con los casos de los hospitales psiquiátricos de Mérida y Plasencia.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Labrador, recordó que la Junta ya ha expresado públicamente su deseo de asumir esas competencias, pero insistió en que debe de venir con los recursos necesarios.