La Junta de Extremadura exigió ayer que el presupuesto de la nueva Política Agraria Común (PAC) continúe siendo suficiente, pues «en estos momentos está amenazado por diferentes cuestiones internacionales», y subrayó la necesidad de regular adecuadamente la figura del agricultor activo.
La directora general de Política Agraria Comunitaria, Yolanda García, así lo expuso en su segunda reunión con los componentes del grupo de trabajo en la comunidad para la reforma de la PAC prevista a partir del 2020, y en la que se abordaron las propuestas comunes que se presentarán a la UE.
En concreto, en esta reunión se pusieron en común los resultados de la encuesta lanzada por la Comisión Europea sobre «cómo ven la actual Política Agraria Común (PAC) y cómo creen que debe ser en el futuro», según informó la Junta en un comunicado.
«ECONOMÍA VERDE» / Yolanda García expuso en un documento la postura de Extremadura ante la nueva PAC que, a juicio de este grupo de trabajo, debe garantizar «una política de desarrollo rural basada en una economía verde, circular y con criterios sociales».
Para la directora general, la PAC debe continuar «siendo una política única europea que garantice unos alimentos sanos y seguros a los consumidores y que impida una nacionalización que sólo pondría en riesgo aún más el proyecto de construcción europeo». Para ello, precisó que hay que poner el foco en las explotaciones familiares; en la incorporación de la mujer a la agricultura, con medidas de apoyo similares a las que se aprueben para los jóvenes; y dar prioridad a la titularidad compartida.
También abogó por reactivar las políticas de incentivos al cese anticipado de la actividad agraria y a la actividad agraria a tiempo parcial, como instrumentos de lucha contra el despoblamiento.
Se propone, asimismo, la modificación de las reglas de la competencia en el sector agrario y la aprobación de una norma única europea de la cadena alimentaria, así como la recuperación de las medidas de intervención del mercado.
Yolanda García consideró que la aplicación de una tasa plana única «es injusta y discriminatoria, y deslegitima» las ayudas de la PAC al conceder «una ayuda única independientemente de la actividad ejercida en la explotación, su dimensión, su orientación económica ni su potencial ambiental».
