Cinco meses después, las negociaciones comienzan a cristalizar. Salvo sorpresas de última hora, Guillermo Fernández Vara logrará sacar hoy adelante los segundos presupuestos de la legislatura, que como ya ocurriera el año pasado se aprobarán previsiblemente con la abstención del PP y el voto en contra de Podemos. Tras un arduo proceso de negociación y el debate de totalidad ya superado, el trámite parlamentario culmina con la discusión de las enmiendas parciales, que se inició ayer y se extenderá a lo largo de toda esta mañana para terminar por la tarde con la votación del proyecto de ley.

La creación de una comisión de seguimiento y control a la ejecución de las cuentas; el reparto «objetivo» de los fondos destinados a los ayuntamientos o la elaboración de un plan de infraestructuras plurianual que deberá aprobarse por mayoría cualificada antes del 15 de mayo son algunas de las exigencias que planteó la bancada popular y que los socialistas ya avanzaron que aceptarán para salvar las cuentas. Asimismo, los grupos también van a impulsar inversiones sanitarias aumentando por ejemplo los fondos destinados a los nuevos hospitales de Don Benito y Cáceres.

Tras superar la enmienda total de Podemos el pasado diciembre y pasar por la Comisión de Hacienda, la ley de presupuestos vuelve al pleno pendiente de incorporar 521 enmiendas parciales formuladas por los grupos, enmiendas que en su conjunto moverían unos 114 millones de los 5.171 a los que ascienden las cuentas. De ellas, 357 han sido presentadas por el PP, 123 por Ciudadanos y 41 por el PSOE. Al igual que ocurriera el año pasado, la formación morada ha declinado hacer aportaciones a un texto a su juicio sellado por «la gran coalición PSOE-PP». En esta idea abundaron ayer sus seis diputados, que de nuevo acapararon todas las críticas por «no ejercer su responsabilidad» al no presentar enmiendas parciales.

«Es el peor servicio que como políticos se puede ejercer hacia la ciudadanía», les dijo el portavoz de Hacienda del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón. El líder de la formación, Álvaro Jaén, insistió sin embargo en que el presupuesto es «una farsa» y en que no hay ningún tipo de garantía de que los acuerdos que se cierren en sede parlamentaria se cumplirán porque la Junta puede hacer después todas las modificaciones de crédito que considere oportunas. «Nos hubiera gustado que este órgano (la Asamblea) que aprueba los presupuestos sea el único con capacidad para modificarlos y no el Ejecutivo de manera arbitraria», replicó Jaén, que consideró que los mecanismos y herramientas de control que el resto de grupos van a poner en marcha son «inútiles y sin ningún tipo de recorrido». También recriminó el comportamiento de Podemos el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado, que apeló al diálogo y la búsqueda del entendimiento para lograr un presupuesto «lo más consensuado posible». «Con ese ánimo estamos estudiando todas las aportaciones y nos hubiera gustado que otros también las hubieran hecho», dijo.

ACUERDOS / El socialista destacó especialmente el esfuerzo de su bancada para aprobar la mayoría de las enmiendas que el PP ha formulado al texto articulado. Es en ellas donde reside la esencia de las demandas del partido de José Antonio Monago para dejar pasar las cuentas por segunda vez: más control para garantizar que las partidas que se pacten se ejecutan, un plan plurianual de infraestructuras o el reparto de los fondos a los ayuntamientos con criterios «objetivos».

En esta línea, y de acuerdo a lo anunciado ayer por el PSOE, en el plazo de un mes deberá crearse una «comisión de control y seguimiento» con el objeto de conocer periódicamente el grado de ejecución de las partidas, tanto de ingresos como de gastos. Deberá estar integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios (Podemos no aclaró ayer si participará), a quienes la Junta deberá entregar la información que soliciten en un plazo de 15 días.

De igual forma, PP, PSOE y C’s avanzaron la firma de un plan de infraestructuras plurianual: deberá estar listo antes de mayo y tendrá que aprobarse en el pleno de la Asamblea por mayoría de dos tercios. En él se incluirán infraestructuras viales, hidráulicas, de transporte y agrarias. Su objetivo es que una vez consensuadas y planificadas, puedan llevarse a cabo «gobierne quien gobierne». Asimismo, los populares piden la creación de otra comisión para que el reparto de los fondos que reciben los ayuntamientos de los planes y programas de la Junta se realice en base a «criterios objetivos» plasmados en un catálogo. También estará integrada por miembros de los grupos parlamentarios y sus informes deberán aprobarse igualmente por mayoría cualificada.

A todas las propuestas se sumó Ciudadanos, que había presentado además enmiendas similares. «Estamos aquí para ser útiles a la vida de la gente y entre todos queremos sacar adelante unos presupuestos que sean ejecutables enseguida», destacó su única diputada de C’s, María Victoria Domínguez.

La enmienda que previsiblemente no saldrá adelante es la que hace referencia a los proyectos de gasto con fondos plurianuales, que el PP pedía incluir en los presupuestos de años sucesivos «hasta su completa ejecución». Y parece que tampoco se aprobará, a instancias del PSOE, otra enmienda relativa a la actualización de tasas y precios públicos. Fue una de las que más polémica generó: los socialistas pretendían atribuir a la consejera de Hacienda la competencia de «actualizar» (que no subir, detalló Amado) los importes de las tasas y precios públicos conforme al IPC mediante una orden para ganar en agilidad, pero los populares no lo aceptaron al entender que se trata de «un tasazo», una forma de «cargarse por la puerta de atrás» el procedimiento de actualización de las tasas y precios públicos que además crea «inseguridad jurídica».