La Junta de Extremadura ha abonado a las compañías eléctricas 125 millones de euros correspondientes a la anulación parcial del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, conocido como ecotasa. De este importe, algo más de setenta millones corresponden a las cantidades pagadas entre 2006 y 2009 y el resto a los intereses de demora, según la información facilitada ayer por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Desde este departamento se incidió en que con este montante, que se ha desembolsado entre 2016 y 2017, queda totalmente saldada la deuda contraída con las compañías tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 2015 en la que se estimaba la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en un procedimiento que había iniciado Unión Fenosa.

La sentencia estaba argumentada en el hecho de que este tributo gravaba una actividad que ya está sujeta al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por lo que se incurría en doble imposición, contraviniendo así la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA). Como esta normativa fue modificada en el 2009, el alcance de la sentencia acababa ese año.

Sobre la legalidad de las liquidaciones practicadas a partir de ese momento el Constitucional debe decidir todavía. En este sentido, una información publicada ayer por El Economista aseguraba que Iberdrola y Endesa cifran en más de 605 millones de euros la cantidad que pueden recibir como compensación por el pago de la ecotasa en el caso de que el Constitucional les vuelva a dar la razón. De ellos, 387 millones de euros, incluidos intereses, serían para Iberdrola y los otros 218 para Endesa. Procederían fundamentalmente de su participación en la propiedad de la Central Nuclear de Almaraz, en la que tienen participaciones del 52,7% y el 36%, respectivamente. La estimación no fue confirmada ni desmentida ayer a este diario por ninguna de estas dos compañías. Tampoco por la tercera eléctrica presente en la planta extremeña, Gas Natural Fenosa, con un 11,3%.

Desde el Ejecutivo autonómico tampoco se entró a valorar la información. «La Junta de Extremadura es respetuosa con la acción de la Justicia», se incidió desde la Consejería de Hacienda, al tiempo que se añadía que se trata de una reclamación que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, motivo por el que «no vamos a pronunciarnos hasta conocer la sentencia. Será en ese momento cuando el Ejecutivo autonómico tome una determinación que, en ningún caso, repercutirá en el bolsillo de los extremeños».

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, dijo esperar que el pago a las eléctricas no se fije ni «en 605 (millones) ni en 100, ni en 50, porque sería una mala noticia para el futuro de esta comunidad autónoma», a la vez que añadió que «esto, de confirmarse, fíjense la tostada».

Además, apuntó que desconoce «qué tiene previsto la Junta al respecto», aunque arguyó que la Administración regional «tendrá que recurrirlo y tendrá que pelear hasta el último céntimo de euro en interés de los extremeños».