Hasta 260 euros al mes para alquilar una vivienda. Es la ayuda máxima que la Junta concederá para el alquiler de viviendas a aquellas personas desahuciadas por falta de pago, que están en lista de espera de una vivienda de promoción pública o que ya la tengan adjudicada pero aún no la hayan podido ocupar. Esa cantidad aumenta hasta los 350 euros al mes en el caso de que sean refugiados. Se trata, recalcó ayer la portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña, de una ayuda destinada «a todas aquellas personas que no quedan cubiertas con otras ayudas existentes para el alquiler».

En Extremadura, insistió, hay más de 13.000 viviendas sociales, pero «hay familias que las necesitan porque no tienen esa necesidad cubierta con otras medidas». Para ello, el Ejecutivo regional destina 913.000 euros, aprobados ayer en el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, el Ejecutivo regional aportará algo más de 2,3 millones de euros en dos convocatorias de ayudas a la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y para quienes tienen alguna discapacidad.

En una primera medida, se destinan 600.000 euros de fondos propios para la inserción sociolaboral «de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social», a través de empresas de inserción. La cuantía será equivalente al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada anualidad, durante los primeros 12 meses de la contratación por cada puesto de trabajo creado a jornada completa.

Además, para los casos en los que se mantenga el puesto de trabajo, la ayuda será equivalente al 60% del SMI mensual; mientras que para las empresas de inserción que contraten personal experto en acciones de orientación y acompañamiento y/o personal técnico de producción, las ayudas oscilan entre los 150 y los 1.500 euros brutos al mes. Asimismo, la Junta subvencionará con hasta 6.000 euros a las empresas que contraten a estas personas y hasta 10.000 euros para aquellas que se quieran constituir como autónomos.

Además, hay otra partida de 1.725.000 euros para facilitar el empleo a personas con discapacidad. En este caso, las ayudas se otorgarán a diez entidades sin ánimo de lucro y la previsión es que se puedan beneficiar 3.000 personas.

5,2 MILLONES A CENTROS DE DÍA // Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó destinar 5,2 millones de euros para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de Centros de Día de la región. Gil Rosiña enmarca estas ayudas en las políticas públicas que la Junta y otras administraciones llevan a cabo para dar respuesta a las necesidades de una sociedad, como la extremeña, que se enfrenta al problema del envejecimiento de su población.

En este sentido, recordó que un 20% de los ciudadanos que viven en la comunidad autónoma tienen más de 65 años y que en la región hay 34.000 personas dependientes, de las cuales 26.000 son atendidas por el SEPAD.

Los trabajos se financiarán con fondos europeos y con fondos propios de la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. En el caso de la financiación del Ejecutivo regional, la subvención será de un 33% del presupuesto de la obra o suministro subvencionados, con límites de entre 75.000 y 300.000 euros, para entidades locales menores y localidades de menos de 30.000 habitantes.

En el caso de convocatorias con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (solo para reforma y/o ampliación de centros y la adquisición de equipamiento), los beneficiarios podrán ser las entidades locales menores y los municipios de menos de seis mil habitantes.

La subvención será de un 33% del presupuesto de la obra o suministro subvencionados, con límites de 75.000 euros (equipamiento) o de 200.000 euros (reforma o ampliación).