Las treinta y cinco entidades financieras que operan en Extremadura acaban de pasar por caja. La recién creada Consejería de Hacienda y Presupuesto cerró el pasado 31 de julio el plazo para la presentación de autoliquidaciones para las cajas, bancos y cooperativas de crédito (cajas rurales) sujetas a la Ley 14/2001 del Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, más conocido como impuesto a la banca. En el primer año de vigencia, el 2002, la Administración regional ha ingresado 13,426 millones de euros (2.234 millones de pesetas).
En total, la cantidad que correspondía abonar a las entidades ascendía a 42,4 millones de euros (7.055 millones de pesetas), pero el impuesto contempla una serie de deducciones por inversiones "de utilidad pública o interés social para la región". Por este motivo, el montante líquido que han ingresado se ha reducido hasta 13,4 millones.
RECURRIDO EN EL CONSTITUCIONAL
El impuesto está recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que en octubre del 2002 decidió levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre el texto y autorizar su aplicación hasta que haya una sentencia firme. La decisión de gravar los depósitos de las entidades financieras no tiene precedentes en España. Los detractores del impuesto creen que no encaja en la Constitución ni en el derecho tributario, fundamentalmente porque consideran que la Junta se excede en sus competencias y se solapa con otros tributos.
El impuesto a la banca pretende "coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura" y también "atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y exportación del ahorro". La forma de conseguir estos objetivos es retener una parte de los ahorros que las entidades financieras captan en Extremadura. El impuesto permite eludir el pago directo si las entidades invierten el dinero en proyectos de interés regional.
La ley establece una deducción de 5.000 euros por oficina (7.500 si está en pueblos pequeños) y de 200.000 euros si la entidad tiene su sede en Extremadura. Se consideran deducciones las inversiones que las cajas de ahorro realizan a través de su obra social y cultural o los recursos que las cooperativas de crédito canalizan a través del fondo de educación y formación. También son de interés regional líneas de financiación específicas para jóvenes y colectivos con problemas, así como inversiones en nuevas tecnologías.
