"¿Lo suyo es un derecho y lo de los demás son privilegios?" "Renunciará él a esos privilegios por ser senador cuando vuelve a ser funcionario del Ayuntamiento de Badajoz?" "¿Por qué no presentó enmiendas en el Senado sobre este tema?". Son preguntas que ha realizado esta mañana la consejera portavoz y vicepresidenta primera de la Junta, Dolores Pallero, en referencia a las manifestaciones del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, en torno a una enmienda presentada a los presupuestos de la Junta, consensuada con CCOO, para la "supresión de los privilegios que tienen los altos cargos y el personal de libre designación de la Administración regional", dijo ayer el líder popular acompañado por el secretario regional de CCOO, Julián Carretero.A este respecto, Pallero indicó que Monago "miente y lo hace a sabiendas de que miente". A su juicio, lo que hizo el presidente regional del PP "fue un ejercicio de incoherencia y un ejercicio de cinismo tremendo", al considerar que pide para los demás lo que no se aplica a sí mismo. Pallero recordó que Monago es funcionario del consistorio pacense y que tiene unos privilegios como senador. "¿Cuando deje de ser senador y se incorpore al Ayuntamiento de badajoz tiene pensado no solicitar esos derechos?", reiteró. Cuando lo haga públicamente "algunos le empezaremos a dar credibilidad", insistió. En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, negó que eso que denuncia Monago sean privilegios, sino "son unos derechos que la ley eestatal contempla desde 1991", y que refleja que "siendo previamente funcionario y si son nombrados altos cargos, cuando vuelva a su puesto de funcionario reciba un complemento especial" por no haber podido desarrollar su carrera funcionarial durante el período de cargo público. Además, recordó que este año los altos cargos de la Junta han visto reducido su sueldo un 2,6%, y que para el próximo año "se ha restringido la utilización de ese derecho", aplicando ese complemento no en dos años, como dice la ley estatal, sino en hasta doce años. A su juicio, "carece de legitimidad" que el PP hable de estas cuestiones en Extremadura cuando allí donde gobierna "no se lo aplican", subrayó.