La Junta autorizó ayer la contratación del servicio de análisis, desarrollo e implantación de la plataforma de administración electrónica del Gobierno regional, con un presupuesto de 6.500.000 euros. Los criterios generales y específicos para la creación de esta plataforma fueron establecidos en el Plan de Modernización, Simplificación y Calidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (2004-07). Mediante esta herramienta la Consejería de Presidencia pretende poner en marcha un nuevo modelo de relación entre la administración y los ciudadanos que se apoye plenamente en las nuevas tecnologías de la información.

Este modelo, según el Ejecutivo autonómico, articulará una verdadera estrategia de administración electrónica que permita analizar y proponer, implantar y modelar servicios centrados en el ciudadano, con soluciones sostenibles, ofreciendo resultados, transparencia y confianza a la ciudadanía.

Los objetivos principales de la e-administración son obtener el ciclo completo de tramitación electrónica en su más amplio sentido, definir un sistema corporativo de registro de entrada y salida de los documentos, crear un registro telemático corporativo de documentos y un archivo unificado de la documentación que se deba tramitar en los distintos órganos de la administración regional.

AYUDAS AL TRANSPORTE Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto que modifica las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la movilidad de personas pensionistas en los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera. Se amplía el ámbito de personas que pueden recibir la subvención a los beneficiarios de pensiones contributivas con sesenta años de edad o más y a personas beneficiarias de pensiones reconocidas en el régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).

Asimismo, autorizó la contratación de servicios para la gestión integral de la Vía de la Plata a su paso por Extremadura, así como de los centros de interpretación que la Consejería de Cultura tiene en dicho trazado, con una inversión de 900.000 euros.

Otro de los acuerdos destacados es la autorización para realizar convenios con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para programas de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, por 278.632, y para erradicar la pobreza, por 213.705 euros.