La Junta de Extremadura no ha admitido en ningún momento que haya una deuda abierta. De hecho, no va a aportar ni un solo euro de ese dinero que, le achacan, esta pendiente. Pero sí ha querido acelerar un paso en suspenso para poder llegar a un acuerdo. Ayer firmó un nuevo convenio por el que dará 300.000 euros a lo largo de los próximos doce meses para, de nuevo, subvencionar las rutas. La otra parte que rubricó el contrato, la empresa Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA), asegura que con esta acción pueden seguir adelante con todos los servicios de los pueblos y no será necesario suspenderlos a partir del 2 de abril, como estaba previsto.

Fue el acercamiento que ambos implicados tuvieron ayer para, de alguna manera, zanjar el conflicto. No obstante, desde la gerencia de la empresa insisten en que sí existe esa deuda de 625.000 euros y que «ese asunto se resolverá en los tribunales».

La semana pasada LEDA anunciaba que se eliminarían 25 rutas (en muchos casos, las que pasan por pueblos pequeños donde el único medio de transporte para sus vecinos es este servicio) si la Junta no «abonaba lo que debía». El gerente de la empresa, Alberto Valenzuela, hablaba de un pago pendiente de unos 625.000 euros sin el cual era imposible mantener esas 25 líneas por el déficit acumulado (la mayoría opera por la provincia de Badajoz). Ese dinero, subrayaba Valenzuela, les correspondería porque se trata de itinerarios declarados de obligación de servicio público, por lo que cuentan con subvención.

DIFERENTES VERSIONES / Según la versión de Valenzuela, la ayuda económica se suspendió el 21 de abril del pasado año -«a pesar de que había un compromiso»- por un cambio en el tipo de contrato. Lo que se hizo ayer fue firmar un nuevo convenio para cubrir estas rutas subvencionadas.

La explicación de la Junta es que «la obligación de servicio público (OSP) que afectaba a esta empresa estaba vinculada a una conexión a nivel nacional de la línea Mérida-Sevilla, que finalizó, se volvió a licitar y se adjudicó a esta empresa (LEDA) con un 50% de bajada». Así lo explicó la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, en el último pleno.

Tras ese cambio, la Junta puso sobre la mesa su intención de aprobar una nueva OSP. Hasta que se adjudicara de forma directa el nuevo contrato, se concedió a LEDA «una autorización para seguir prestando los servicios sin compensación», lo que ha venido haciendo desde entonces. Así lo detalló el director general de Transportes, José González Rubio, en una comisión. También añadió que, en la práctica, el problema radica en que el trámite para la firma de este nuevo contrato (el que rubricó ayer) se ha demorado casi un año, según González, por causas no atribuibles a la Administración: la empresa tuvo que subsanar errores de documentación y no completó hasta el pasado enero el último trámite para la adjudicación, que es el depósito de la garantía.

Tanto Bernal como González reiteraron igualmente que en relación a la tarjeta de transporte Sate (una subvención del 50% para algunos colectivos), ya estaba también todo pagado.

Pero Valenzuela sigue asegurando que existe un compromiso de pago por esas líneas subvencionadas sin el cual no se puede operar.

Tras la reunión mantenida ayer en Mérida por ambas partes, solo informó de la misma el gerente de LEDA; desde la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio manifestaron que no querían hacer ninguna declaración al respecto.

NÓMINAS PENDIENTES / Hay que destacar que el problema no era solo la suspensión de las 25 rutas, sino que los 70 trabajadores de plantilla de la empresa no habían cobrado la nómina de febrero «por culpa de la deuda con la Junta», según aseguraba Alberto Valenzuela. «Se espera que la próxima semana reciban ya su salario gracias a este nuevo convenio que se empieza a cobrar desde hoy (por ayer)», subrayó.

En diciembre y enero ya hubo retrasos con los salarios y los empleados amenazaron con ir a la huelga si no se solucionaba el problema.

Lo cierto es que cuando estalló el conflicto, la Junta aseguró que si LEDA no cubría el servicio se acudiría a otra empresa para no dejar a los usuarios sin líneas y que los trabajadores serían subrogados.

Pero parece que, finalmente, no será necesario llegar a ese extremo ni buscar alternativas gracias al nuevo convenio firmado ayer.