Los altos cargos y el personal eventual de la administración autonómica seguirán manteniendo ciertas concesiones al ser cesados o al abandonar su cargo, a pesar de que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se comprometió a derogarlos totalmente en el debate sobre el estado de la región, el pasado mes de junio.
Ahora, según reza el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2011, las personas que pasen a desempeñar cargos de esta naturaleza a partir del año próximo deberán trabajar más años para poder ascender de nivel y, por tanto, consolidar las subidas salariales. En concreto, deberán ofrecer dos años de servicios continuados para escalar dos niveles, hasta alcanzar el límite del nivel 30, que equivale al cargo de director general. Además, tendrán derecho a un complemento especial aquellos que, una vez alcanzado el tiempo de consolidación del nivel 30, permanezcan en su cargo al menos cuatro años más. Así, a partir del próximo ejercicio, los altos cargos y asimilados de la Junta de Extremadura recibirán una cuantía anual en concepto de complemento de destino que asciende 19.721 euros y un complemento específico de 29.812. Sin embargo, y con carácter excepcional, este personal no percibirá en 2011 ninguna cuantía en concepto de complemento de productividad, que está sujeto a criterios de eficacia y responsabilidad en la gestión.
No obstante, el director general de Función Pública, Juan Carlos Escudero, confirmó a este diario que el ahorro que supondrá esta limitación no se puede conocer ya que los complementos se fijarán en función del nivel adquirido en el cargo público.
REACCIONES Ante esta situación, las críticas no se han hecho esperar, sobre todo por parte del partido de la oposición y del sindicato de los empleados públicos, CSIF. Por su parte, el PP regional denunció que los privilegios de altos cargos y personal eventual siguen siendo vitalicios en Extremadura lo que supone "un despilfarro" para el erario público. A su juicio, las cuentas de la comunidad no pueden asumir ese dispendio y, menos aún, cuando ha habido recortes en partidas destinadas a la discapacidad o el fomento de emprendedores, aseveró su presidente Jose Antonio Monago. Según él, los altos cargos que se nombren a partir de ahora también tendrán privilegios. "No tanto, pero también seguirán teniéndolos", aseguró. Así, para los populares, con esta normativa el Gobierno regional solo garantiza el reintegro en su puesto y el blindaje de los sueldos del citado personal público.
Este descontento es compartido por el presidente regional de CSI-CSIF, José Fernández Vidal. Según él, "para poder tener derecho a algo tienen que trabajar dos años, pero lo demás, no cambia". Y no cambiará, según afirmó, hasta que deroguen la orden del 28 de julio de 1998, que trata estos asuntos y que es aplicable a los puestos de libre designación que hayan sido cesados.
MAS DERECHOS Por otra parte, desde la Administración, Escudero, aseguró a este diario que, con la modificación recogida en los presupuestos, se equiparan los derechos de estos trabajadores al los del resto de funcionarios. Explicó según la forma en la que está plasmado, "no es que los privilegios estén derogados, es que prácticamente están igualados al los del resto de funcionarios públicos".
Escudero trató además que quitar responsabilidad a la Junta de Extremadura al recordar que esto responde a una norma estatal, el Estatuto Básico de Empleados Públicos. "No es que nos lo hayamos inventado nosotros", concluyó.
