Al fin hay acuerdo. La Junta va a firmar un protocolo de pago con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para liquidar la deuda por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hospitales, centros de salud, oficinas y sedes autonómicas en los municipios de la región. El Consejo de Gobierno autorizó ayer la firma de sendos protocolos con los Organismos Autónomos de Recaudación (OAR), con los que se ha reconocido una deuda de 16,8 millones de euros correspondiente a los recibos atrasados del periodo 2012/2017. La mayor parte de esta cantidad corresponde a las cuatro grandes ciudades y no todas están a favor del acuerdo, pues ya el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que estudia interponer un recurso al considerarlo «lesivo» para los intereses de la ciudad.

Según informó ayer en rueda de prensa el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de los 16,8 millones que el Ejecutivo adeuda a los municipios en concepto de IBI 12,5 millones corresponden a la provincia de Cáceres y 4,3 a Badajoz. Los recibos atrasados son del periodo 2012/2017, aunque la cifra podría incrementarse porque el proceso de verificación aún sigue activo.

Fernández Vara destacó que a lo largo de este ejercicio la Junta ha hecho «un esfuerzo» por abonar los nuevos recibos que se van generando, pero reconoció que la deuda acumulada hacía necesario dar una solución a los ayuntamientos. De hecho,los propios consistorios ya habían comenzado a tomar medidas: Plasencia por ejemplo optó por detraer de lo recaudado por el canon del agua las cantidades que la Junta le adeudaba por el IBI de sus edificios en la ciudad, y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón.

El problema ya se abordó a finales del verano pasado en una reunión entre los presidentes de las diputaciones y el jefe del Ejecutivo, donde las tres partes acordaron cuantificar esa deuda y establecer un calendario de pago. Según la información facilitada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, esos 16,8 millones se liquidarán en los próximos cinco años: un 20% en cada ejercicio (de 2017 a 2021), «sin perjuicio de que pueda satisfacerse en un plazo menor si la disponibilidad presupuestaria lo permite». Fernández Vara quiso ayer agradecer la «generosidad» de ambas diputaciones, pues este protocolo de pago «podría no haberse alcanzado si hubieran exigido con toda justicia que se liquidara la deuda». «Nos permiten este aplazamiento, cosa que agradecemos porque nos facilitará seguir intentando cumplir con el objetivo del déficit que tenemos marcado», reafirmó.

El acuerdo sin embargo, no gusta a todas las partes. El Ayuntamiento de Cáceres (gobernado por el PP) criticó hace unos días que se haya negociado «a espaldas» de los municipios y anunció su intención de recurrirlo al considerarlo lesivo para los intereses de la ciudad, ya que no incluye los intereses de demora ni los recargos de apremio.