El Ejecutivo regional ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior de Extremadura el contrato de alquiler de un plató de televisión en Mérida suscrito por parte de Canal Extremadura, por si hubiera producido algún delito, después de que una auditoría interna haya considerado que es "nulo de pleno derecho".
El asunto se elevó a la Fiscalía el pasado 22 de septiembre, según ha informado hoy la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El plató se contrató por casi nueve millones de euros, con un sobrecoste del 845 %, según un informe de la Intervención General de la Junta de Extremadura.
A pregunta de los periodistas, Gil Rosiña ha explicado que el febrero pasado tuvieron conocimiento de la formalización de ese contrato y, de la primera lectura, se suscitaron "dudas" sobre el procedimiento utilizado. Ello llevó a la Administración regional, dentro de sus mecanismos habituales de control y fiscalización, ha precisado, a activar el plan de auditoría de los entes públicos para 2017.
En marzo se comunicó a la dirección de Canal Extremadura que la Intervención de la Junta iba a hacer una auditoría del contrato.
El informe de auditoría concluye que el contrato es "nulo de pleno derecho", ha señalado la portavoz.
Por ello, "sin prejuzgar nada", ha subrayado Gil Rosiña, se puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Extremadura las conclusiones del informe, "por si fueran constitutivas de delito".
El contrato se suscribió en la etapa en la que Carmen Santos estaba al frente de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), del que cesó en junio pasado.
