Las competencias de Justicia no son una prioridad, sino un problema de normalidad y de organización de país". Son palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras recibir en Mérida al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con el que abordó el proceso de asunción de esta materia por parte de la comunidad autónoma, una de las seis que aún no las gestiona. Para el ministro, hay que llegar a acuerdos en ese sentido "sin prisas, pero sin pausas", aunque en la cita de ayer ya se fijaron algunas fechas. Así, ambos acordaron convocar la Comisión Mixta de Transferencias en julio próximo para iniciar el proceso de traspaso de las competencias de este área; de no ser posible, sería inmediatamente tras el verano, con la misión de constituir, en octubre, un grupo de trabajo bilateral que trabaje en este cometido. Este equipo analizará los puntos de interés, desde la reflexión, para llegar a un acuerdo definitivo al que ninguno de los dos dirigentes pone fecha.

El jefe del Gobierno extremeño insistió en que no es posible que once comunidades autónomas tengan estas transferencias y el resto no, "eso es lo más inoperativo del mundo", pero destacó que "no es una prioridad" para la región esta transferencia, pese a las fechas anunciadas para el inicio del trabajo. "Más difícil fue el proceso para transferir la Sanidad", puso como ejemplo, porque en aquel caso "partíamos de realidades bastantes distintas en las comunidades autónomas".

En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, aseguró el lunes que para Extremadura "no hay una necesidad urgente" en asumirlas, ya que lo que se persigue es que vengan "en las mejores condiciones". Preguntado Vara sobre por qué, entonces, se dan ahora fechas, indicó que las de Franco y la suya "son interpretaciones distintas", con el objetivo de fondo de asumir esas competencias antes o después.

NUEVO ESCENARIO El ministro explicó además que el traspaso de estas competencias se va a producir en un escenario marcado por el consenso, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Consejo General del Poder Judicial; y en medio de la reforma del modelo judicial, de la mano de la Nueva Oficina Judicial, lo que supondrá "un salto tecnológico y en recursos humanos", así como más proximidad de la Administración al ciudadano. "La justicia no es sólo los jueces, es también un servicio público de atención a los ciudadanos, y para ello es necesario que todos asumamos un servicio de responsabilidad", señaló.

Además del encuentro con Fernández Vara, Caamaño visitó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Cáceres e inauguró nuevos juzgados en Logrosán. Según los datos aportados por el Ministerio de Justicia este departamento ha comprometido una inversión de casi 8 millones de euros en la región este año, y más del doble para la próxima anualidad.