La Junta de Extremadura negociará con las organizaciones sindicales la implantación nuevamente de la jornada de 35 horas semanales en la administración extremeña con una fórmula que dé seguridad jurídica a la medida, según la directora general de Función Pública, Carmen Vicente Rivero.
La directora general ha comparecido hoy ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura para responder a una pregunta de la diputada del PP Eva Pérez sobre la forma en la que tiene previsto la Junta volver a las 35 horas semanales, tal y como se comprometió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en campaña electoral.
Eva Pérez ha preguntado cómo van a llevar a cabo esta medida cuando hay una norma básica de aplicación estatal, que fijó esta jornada en las 37,5 horas, y cuando el Tribunal Constitucional tiene paralizado la implantación de esas 35 horas en Castilla La Mancha.
Carmen Vicente ha destacado que la vuelta a las 35 horas es un compromiso electoral al que no renuncia el Gobierno de Fernández Vara y ha explicado que se han barajado con los sindicatos distintas opciones para llevarlo a cabo, algo, ha precisado, que "no se puede hacer vía ley, como hizo la comunidad de Castilla-La Mancha", ya que eso ha dado lugar a un recurso de inconstitucionalidad con suspensión.
Vicente ha explicado también que otra fórmula que se puede utilizar y que "usa de forma más sutil el Gobierno vasco, es una modificación de su decreto en el que indirectamente y sin acuerdo con los sindicatos de esa comunidad vuelve de manera fáctica a las jornada de las 35 horas".
La responsable de Función Pública ha destacado que la Junta de Extremadura sigue "trabajando con distintas medidas que de facto puedan originar la devolución a esta jornada", algo que en todo caso se negociará con los sindicatos y se acometerá con garantía jurídica para su efectiva aplicación.
La diputada popular Eva Pérez ha considerado "una tomadura de pelo" para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura que el Gobierno socialista no haya cumplido esta compromiso electoral, que estaba incluido en el apartado de medidas de carácter urgente.
Por otra parte, al secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo, ha recordado que "hay un acuerdo de fecha 18 de mayo y se está trabajando en un documento para que por escrito" la Junta garantice la financiación a la Universidad de Extremadura que va a necesitar a finales de año si la institución universitaria abona el 75 por ciento pendiente de la paga extraordinaria de sus empleados públicos suspendida en 2012.
En respuesta a una pregunta del PP sobre este asunto, Murillo ha recordado que la Junta no paga las nóminas de los trabajadores de la universidad, ya que esto corresponde a la propia institución en virtud de su autonomía.
Lo que sí hace el Gobierno extremeño, ha recordado, es garantizar que la Uex cuente con la financiación suficiente para cubrir todas sus necesidades.
Murillo ha insistido en que existe un acuerdo para adelantar los créditos de la nominativa, de forma que la Universidad pueda pagar en próximas fechas a sus empleados la parte de la extra que se les adeuda, y ha culpado al PP de no atender correctamente a la financiación universitaria en la pasada legislatura.
