La directora General de Infancia y Familia, Nuria Sánchez, afirma en Badajoz que la Junta de Extremadura "no es parte" en el proceso judicial abierto entre un interno del Centro de Menores Marcelo Nessi pacense y un guarda de seguridad, ya que se trata de "una denuncia de un mayor de edad contra otro mayor de edad".

La directora general se muestra reacia a hacer declaraciones al respecto remitiendo a su comparecencia del pasado mes en la Asamblea de Extremadura, ya que insiste no quería "interferir" en el proceso judicial abierto en los juzgados pacenses, según recoge la agencia Europa Press.

Señala que "cuando la justicia resuelva" se dirá "lo que se tenga que decir" ya que no le gustaría que un día de celebración para el centro se "empañara con historias" y que la "propia ley y la discreción" le "obligan a no decir nada más para no interferir en lo que es una investigación judicial".

Nuria Sánchez insiste que la Junta de Extremadura lo que había "hecho era poner todos los medios a disposición del interno para que sus derechos no fueran en ningún momento afectados" y explica que "entorno a los días de los hechos, como se hace cada vez que se pueda pensar que hay un atentado contra los derechos de los internos" se pone a disposición de los afectados "todos los medios para ello y se les anima a que defiendan sus derechos si son mayores de edad, y sin son menores" es la Junta quien "de oficio hace las acciones legales pertinentes".

La directora general indica que el trabajo de la Junta extremeña "termina ahí" como "custodio de los chicos y que el mayor de edad si quiere denunciar denuncia".

En cuanto a la situación del vigilante implicado en la agresión al interno y "objeto de la denuncia" del Marcelo Nessi, subraya que ha sido retirado del servicio en el centro.

Sobre la posibilidad de que hubiera más denuncias de este tipo por parte de otros internos o de sus familias, Nuria Sánchez asegura que "no habían llegado ninguna, que ha habido denuncias genéricas porque cuando suena el río todo el mundo se apunta" y que "si se han presentado en fiscalía la estará estudiando fiscalía".

Sánchez también habla sobre el tiempo que pasó entre la agresión y la realización del reconocimiento médico al interno afectado, explicando a este respecto que "se produce un hecho y que en el momento de la contención se produce un hecho puntual donde un vigilante que da un bofetón al interno que está inmovilizado", un acto que, matiza, se entendió que "no" era adecuado y que el interno "decide denunciar 8 días después, pese a que ese mismo día", cuando ocurrieron los hechos "se le dice por parte de la dirección del centro que si quiere puede denunciar".

Apostilla que este proceso se hace "de la misma manera cada vez que hay una contención por parte de un interno por un procedimiento permitido por la ley" por el que se "comunica todo tanto a juzgado de menores como a fiscalía" una comunicación que se debe realizar "como obligación en cumplimiento del reglamento".