La Junta no decidió la ubicación de albergues para temporeros porque la mesa de trabajo para la campaña agrícola determinó que "no se necesitaba mano de obra extranjera" y "no hay necesidad" de construirlos. Así responde la directora general de Inclusión Social y Prestaciones, Concepción Cáceres, a la pregunta de la diputada popular Teresa Tortonda, en la comisión parlamentaria de Igualdad y Empleo, sobre por qué la Junta no había instalado albergues para estos trabajadores en la provincia de Badajoz.

No obstante, y según informa la agencia Europa Press, la directora general observa que la Administración regional sigue manteniendo una partida presupuestaria para ayudar "desde la responsabilidad y la corresponsabilidad a los ayuntamientos que decidieran hacer alojamientos" para estos trabajadores en sus términos municipales.

Cáceres se refiere a la comisión de trabajo que se empezó a constituir "a mediados del año pasado" en la Delegación del Gobierno donde está representado este organismo, junto con sindicatos, organizaciones agrarias, ayuntamientos, Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y "esta dirección general" para abordar los problemas que podrían darse en las campañas de recogida. Según Cáceres, la conclusión en esas mesas de trabajo fue que "no se necesitaba mano de obra extranjera". "De tal forma que la Delegación del Gobierno ofreció que con tiempo y con previsión, si se preveía que se iba a necesitar mano de obra extranjera nos pusiéramos a trabajar para pedir un contingente", añade.

Además, la directora general detalla que se trata de trabajadores inmigrantes que vienen a trabajar con un "principio" y un "final" de contrato de trabajo, de tal forma que "estén donde estén construidos los alojamientos y quien los haya construido" el empresario "sigue siendo el encargado de prestar y de pagar ese alojamiento" y "así funciona en otras comunidades autónomas".

Por otro lado, observa que en la zona de Badajoz, la Administración regional está trabajando de manera "muy intensa" con los ayuntamientos de municipios afectados por las diferentes campañas como los de de Santa Marta, Arroyo de San Serván, Puebla de la Calzada y Almendralejo.

Todos estos ayuntamientos, aclara, reciben una subvención a través del fondo para la integración de inmigrantes que se creó en 2004 a través de un convenio con el Ministerio de Trabajo, "de tal forma que en 2008 se ha gestionado a través de ese convenio 2 millones de euros para la integración de inmigrantes".

Por su parte, la diputada popular declara que el Gobierno regional tenía presupuesto para este año 812.000 euros para alojamiento de temporeros y "nunca se explicó" que la construcción de los mismos "iban a depender de que los empresarios estuviesen o no a favor de la construcción" o "viesen la posibilidad" de los mismos. Observa que la zona de Barros, en Badajoz, lo único que se ha hecho ha sido "prohibir las acampadas ilegales" y "no se ha hecho nada más".

Con todo esto, Tortonda apunta que el Grupo Popular en la Asamblea presentará una interpelación para saber las razones por las que la Junta no ha llevado a cabo la política de inmigración que se comprometió a hacer el PSOE de la región en el programa electoral a nivel regional. Añade que la Administración regional tiene la responsabilidad en este tema por lo que ha tenido que "por lo menos decidir" dónde se quieren construir estos albergues de temporeros, independientemente si luego los empresarios tienen que pagar o no" este alojamiento a los trabajadores.

Además, insiste que "el que determinadas organizaciones agrarias hayan levantado en determinados pueblos casas prefabricadas es porque ellos han querido llegar a un acuerdo con la Delegación del Gobierno para que no se dé la situación que se ha venido desarrollando en los últimos cinco años en Extremadura".