La consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García, firmó ayer con las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias el documento de postura común que enviará Extremadura para la próxima reforma de la PAC y que rechaza cualquier recorte en su presupuesto.

Según informó la Junta de Extremadura, la posición común extremeña «gira en torno a tres ejes claros e íntimamente ligados sobre los que debe articularse la reforma de la nueva PAC», que son la creación de empleo y la lucha contra el despoblamiento y el cambio climático.

El documento destaca que la renta de los agricultores debe estar garantizada, ya que, a pesar de haber sido un objetivo histórico de la PAC, sigue sin converger con el resto de sectores productivos, por lo que no se entendería que suba el presupuesto de la Unión Europea y baje el de la Política Agraria. Además, Extremadura cree necesaria la regulación europea de la figura del agricultor activo y de la exigencia de una agricultura productiva para la percepción de las ayudas. Asimismo, defiende una modulación de éstas en relación al empleo y el sostenimiento de producciones compatibles con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, el documento de Extremadura apunta que Europa necesita una política de mantenimiento de rentas de los agricultores basado en sistemas de protección y regulación de mercados estables y efectivos. Para la Junta y las OPAs, la PAC debe garantizar, además, una política de desarrollo rural basada en una economía verde, circular y con criterios sociales. Así, la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales debe de hacerse de forma integral y combinada con otras políticas públicas que pongan freno a este problema social y medioambiental.

Otro asunto que aborda el documento es la priorización del relevo generacional con la eliminación de obstáculos que dificulten la transmisión de las explotaciones en condiciones favorables para los jóvenes. Además, Extremadura luchará para que la PAC garantice unos alimentos sanos y seguros e impida una nacionalización que «sólo pondría en riesgo aún más el proyecto de construcción europeo».