El Gobierno regional "no admite de ninguna manera" la posibilidad de que la Central Nuclear de Almaraz contemple la construcción de un tercer reactor. Con esta rotundidad se expresa el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta, Jose Luis Navarro, tras conocer que la alcaldesa de la localidad, Sabina Hernández, ha solicitado a las empresas propietarias de la planta que, si en el futuro el Ejecutivo central abre la puerta a la ampliación del parque nuclear, se amplíen las instalaciones cacereñas con otro reactor. Los objetivos: dar estabilidad a la zona y soluciar los problemas económicos y el paro.

"Extremadura cumple con su cupo de producción eléctrica, y lo hace especialmente en el ámbito de la energía nuclear", expone Navarro. En esta misma línea se mantiene el Partido Popular extremeño, en contradicción con la propuesta de la alcaldesa, que milita en las filas del PP. El presidente provincial del partido en Cáceres, Laureano León, aunque no expresa taxativamente su oposición, limita la propuesta de su compañera de partido a la "expresión de una voluntad, nada más". Al mismo tiempo sostiene que la decisión sobre el asunto es una responsabilidad del conjunto del Estado. Por este motivo defiende que la política energética sea abordada desde un prisma nacional. Tanto el consejero de Industria como el dirigente del PP coinciden al referirse a la "solidaria" contribución de Extremadura con respecto a la producción de energía nuclear.

Pero el rechazo a construir un nuevo reactor no debe confundirse con la postura, tanto del Gobierno regional como el de la oposición, a favor de que Almaraz continúe con su actividad. Y es que la propuesta de la alcaldesa llega a tres semanas --la fecha límite es el 8 de junio-- de que el Ministerio de Industria comunique su decisión con respecto a la renovación de la autorización que permitiría a la central extremeña continuar con su actividad hasta el 2020.

CONTINUIDAD El consejero extremeño señala que hay "muy pocas dudas" acerca de la continuidad de la planta tras la postura fijada por el Gobierno y por el Consejo de Seguridad Nuclear, que emitió un informe favorable --aunque con condiciones-- al respecto. El dirigente popular, por su parte, califica como "razonable" la moratoria de la central, aunque critica que el Gobierno regional no haya previsto un plan alternativo destinado a esta comarca en caso de que finalmente cese su actividad.

Los sindicatos apuestan por la apertura de un amplio debate de ámbito nacional en el que se establezca el rumbo de la producción eléctrica en el conjunto del país. El secretario regional Industria, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de UGT, Enrique Fernández, rechaza las formas en las que la alcaldesa ha planteado el asunto. En su opinión este no es un debate en el que se deban establecer opiniones "por libre", pues se trata de una cuestión de toda la región. UGT es partidaria de abrir un debate "serio y amplio" sobre la cuestión.

CCOO también defiende la necesidad de abrir un debate "sin apriorismos, sensato, sin complejos, con rigor y con los ingredientes técnicos, políticos, económicos y sociales que sean necesarios", según su secretario regional, Julián Carretero.