Principio de acuerdo para abonar el primer nivel de la carrera profesional horizontal al personal funcionario interino y laboral temporal que lleve al menos cinco años trabajando en la Junta. La Mesa General de la Adminsitración, donde están representados el Ejecutivo regional y los sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y SGTEx), se emplazó ayer a una nueva reunión en los próximos días para cerrar en el primer trimestre de este año el acuerdo definitivo que permita a este personal temporal percibir el complemento de la carrera profesional en su primer nivel, el único que actualmente tienen reconocido más de 11.700 trabajadores fijos de la Adminsitración General.
La Junta de Extremadura garantiza el abono desde este año y precisó ayer que tiene que echar cuentas sobre la viabilidad de pagar también a este personal la carrera profesional del año 2017 y 2016 con carácter retroactivo, como solicitan los sindicatos. «Es necesario un estudio y cuantificación por parte de la Dirección General de Función Pública», señaló el Ejecutivo. Según datos difundidos por la Consejería de Administración Pública, actualmente hay unos 1.500 interinos y temporales que pueden percibir este complemento por acumular más de cinco años de antigüedad en la administración regional, lo que supondrá en 2018 un montante aproximado de 1,6 millones de euros. A título individual, el primer nivel de la carrera profesional es un pago anual que oscila entre los 700 y los 1.400 euros en función del grupo laboral.
CONVOCATORIA / Durante la reunión de ayer, la administración también se comprometió a agilizar el reconocimiento y el abono del primer nivel para los empleados públicos fijos que cumplieron los requisitos el 1 de enero del 2017 y para los que todavía no ha habido convocatoria.
De momento, sobre el reconocimiento y el abono del resto de niveles de la carrera profesional (II, III y IV) para la totalidad de los empleados de la Administración General no parece que hay muchos avances. La directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, aseguró que como marca la normativa y la Ley de Función Pública aprobada después del acuerdo sindical alcanzado en el 2008, el derecho a percibir estos niveles está supeditado al desarrollo reglamentario de la propia ley y a una evaluación de desempeño del trabajador, ya que no solo es necesario alcanzar la antigüedad requerida (12 años para el nivel II, 19 para el nivel III y 26 años para el nivel IV). Además, Vicente recordó que la norma recoge que hay de plazo hasta 2020 para cumplir el acuerdo.
Aún así, no se cierra a estudiar las propuestas realizadas ayer por los sindicatos y a buscar fórmulas transitorias para cumplir ese objetivo o simplificar la evaluación requerida, pero sin perder de vista el coste económico de esta medida, advirtió Vicente, quien recordó que hay comunidades limítrofes que no disponen de este complemento para los empleados públicos de la Administración General.
Desde los sindicatos piden celeridad a la Junta, un calendario de desarrollo de la carrera profesional y un compromiso para reconocer el nivel II durante este año.
