El Consejo de Gobierno acordó ayer solicitar por vía de urgencia al Consejo Consultivo la elaboración de un dictamen sobre la procedencia de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética, en concreto, del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio.
La vicepresidenta regional, Cristina Teniente, señaló que se trata del quinto recurso de inconstitucionalidad en materia energética que interpondrá el Gobierno extremeño "si el Consejo Consultivo lo considera procedente". La Junta es consciente de la "necesidad" y de la "obligación que tiene el Ejecutivo nacional" para atajar el problema del déficit tarifario y garantizar así la sostenibilidad del sistema eléctrico español. De hecho, el Gobierno extremeño comparte el objetivo de adoptar medidas encaminadas a la resolución de esta "cuestión de Estado".
Sin embargo, y como ha manifestado su Ejecutivo en otras ocasiones, "no estamos de acuerdo con la manera en que se está haciendo", porque "lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica puede generar una grave repercusión económica con inversiones inexistentes en el sector eléctrico y puede perjudicar a inversiones futuras".
La base del posible recurso, según Teniente, está en la modificación del régimen jurídico y retributivo de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables con derecho a prima. En este sentido, añadió que la posibilidad de interponer este recurso se plantea "tras no llegar a acuerdos" sobre la temática en la comisión bilateral entre el ministerio y la comunidad autónoma. La Administración extremeña entiende que el texto de la reforma energética "puede quebrantar los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución Española".
Teniente informó de que el plazo para presentar esta iniciativa finalizaría el 12 de abril, y de que se trataría del quinto recurso de inconstitucionalidad. En septiembre de 2011 la comunidad interpuso un recurso frente a la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 14/2010 del 23 de septiembre, por el "recorte retroactivo" de las primas a las fotovoltaicas. El segundo recurso se presentó en octubre de 2012 contra el decreto que suspendía los procedimientos de preasignación de retribución y suprimía las primas a las renovables; y en 2013 se presentaron otros dos: contra la modificación de la conocida como ecotasa, y contra el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, en el que se "recorta" las primas a las renovables con carácter "retroactivo".
