La propuesta de financiación sanitaria realizada por el Gobierno extremeño duplica la aportación del Estado a las comunidades autónomas, fijada inicialmente en mil millones de euros en dos años, al tiempo que se solicita que este fondo no se limite únicamente al mencionado periodo, sino que se consolide en tanto se reforma el modelo de financiación regional y el subsistema sanitario.

El consejero de Hacienda y Presupuestos de la Junta de Extremadura, José Martín, se mostró ayer confiado en que la proposición extremeña sea aceptada por el Gobierno a la vez que previó un acuerdo global para todo el país en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar mañana sábado, ya que considera que el Estado y las comunidades autónomas son conscientes de la relevancia del gasto sanitario. Martín evaluaba así el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el miércoles en la capital de España. "Cuando la voluntad política nace de una conciencia de la necesidad de reformar, de mejorar y de atender con más medios la salud de los españoles, la discrepancia quedará en el cuánto, pero siempre habrá una cifra que puede servir de punto de encuentro", dijo.

En este sentido, cree que la aportación final del Estado no será ni los mil millones en dos años que ha puesto sobre la mesa ni los 1.800 anuales que defendieron las regiones gobernadas por el PP, y apuntó que tiene la impresión de que el documento del Gobierno está abierto a las propuestas de las comunidades que, aunque tienen intereses comunes, también tienen peculiaridades específicas.

La proposición extremeña también incluye una garantía de crecimiento de la financiación sanitaria en función del PIB y la libertad de las autonomías para ejercer la capacidad normativa sobre los impuestos de venta minorista de hidrocarburos, de matriculación de vehículos y sobre la electricidad, aunque la región extremeña, subrayó Martín, no tiene intención de subirlos.

A la libertad para aplicar la ampliación de la capacidad normativa que demandaba Extremadura se han sumado después otras regiones, algunas del PP, aseguró el consejero, que explicó que el Gobierno extremeño no tiene intención de subir los citados gravámenes porque la situación financiera del gasto sanitario regional es "asumible" y ya ejerce la imposición directa a través de los impuestos bancario, de solares o energético.

En parecidos términos se expresó ayer la consejera de Presidencia, Dolores Pallero, al asegurar que el Ejecutivo autonómico "no quiere, ni va a subir los impuestos a los ciudadanos para financiar la sanidad".