El Gobierno acordó ayer autorizar a la comunidad autónoma de Extremadura a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de cien millones de euros. Estos permisos tienen el fin de refinanciar, cancelar anticipadamente operaciones a largo plazo concertadas en ejercicios anteriores o modificar condiciones financieras para que se adecuen a los costes que actualmente pueden obtenerse en el mercado.