Las 119 propuestas vivas para la instalación de parques eólicos en Extremadura han recibido más de 4.000 alegaciones por parte de ciudadanos, asociaciones, municipios y mancomunidades, según reveló ayer el director general de Ordenación Industrial, Energía y Minas, Manuel García Pérez, durante su comparecencia en la Comisión de Industria de la Asamblea.

A una pregunta sobre cómo va el proceso de concesión de las autorizaciones para la puesta en marcha de los parques, según el decreto de la Junta del 2005, el director de Ordenación Industrial explicó que está "en una situación avanzada". García explicó que se trata de un procedimiento "complejo" por la gran cantidad de propuestas presentadas y el volumen de documentación que hay que examinar.

En un repaso por lo hecho hasta ahora, indicó que cuando se cerró el plazo de presentación de propuestas, el 30 de junio del 2006, comenzó el análisis de la documentación y, posteriormente, se abrió un plazo para la subsanación de errores que finalizó en octubre. En este trámite en torno a media docena de propuestas quedaron fuera del proceso porque las empresas no completaron la documentación.

Tras este paso, se inició el periodo de información pública y presentación de alegaciones, que concluyó hace un mes.

El responsable de Energía aseguró que la parte más trabajosa del procedimiento ya está concluida, y que se cumplirá el plazo que expira el 31 de marzo con la presentación por parte las direcciones generales de Medio Ambiente y Ordenación Industrial de los correspondientes informes donde se propondrá qué proyectos deben ser autorizados, decisión que corresponde al Consejo de Gobierno.

Críticas del PP En su turno de intervención, el diputado del PP Anselmo Díaz Cabello recordó que su partido se mostró en contra "en el fondo y en la forma" del procedimiento elaborado por la Junta para la implantación de parques eólicos.

En la última fase de este proceso, Díaz Cabello resaltó que desde la Consejería de Economía se impuso la tramitación por la vía de urgencia de estos proyectos, con lo que el plazo que tenían los ciudadanos para examinar los proyectos y presentar alegaciones fue de 15 días en lugar de los 30 días que son habituales, "y además se hizo coincidir el plazo con las festividades de Navidad".

En contraste, según el diputado popular, la Junta hizo uso de la posibilidad que le ofrecía el decreto sobre parques eólicos para ampliar en tres meses el plazo de decisión, que así concluiría el 31 de marzo y no el 31 de diciembre del 2006.

"Mientras a los ciudadanos se les recorta el plazo para alegar a 15 días, la Administración regional amplía el suyo para resolver en tres meses, un 50%, lo que no casa mucho con la pretendida urgencia", argumentó Díaz Cabello. Según comentó, "desde el PP siempre nos hemos mostrado a favor de la energía eólica como una de las renovables que hay que potenciar, pero también defendemos que quienes tengan algo que decir o que alegar contra alguna instalación tenga la posibilidad de expresarse, y no se ha hecho".

Díaz Cabello indicó que lo ocurrido sólo sirve para arrojar "una nueva sombra de sospecha" sobre la actuación del consejero de Economía, Manuel Amigo, y añadió que esta "sombra" se une a las que a su juicio ya pesan sobre el consejero como la de la sentencia que anuló las concesiones de gas o el caso de las vallas del paleto .

En su réplica, García Pérez manifestó que la actuación de la consejería en todo el proceso ha sido "coherente" con lo que marcaba la norma, y que durante el procedimiento "se ha seguido escrupulosamente lo marcado en el decreto, sin saltarse ni una coma". Respecto a la participación de los ciudadanos insistió en que se han presentado más de 4.000 alegaciones, y respecto a las empresas que quedaron fuera de la tramitación explicó que el decreto se conocía meses antes de abrirse el plazo de presentación de ofertas, por lo que hubo tiempo para que las propuestas se ajustaran al mismo.