La Junta de Extremadura ha mostrado hoy su "preocupación" por el hecho de que el 29% de la población extremeña se encuentre en riesgo de pobreza, al tiempo que ha defendido las medidas que está desarrollando en empleo porque constituye "la mejor política social".
El Ejecutivo ha realizado estas declaraciones después de que el Instituto Nacional de Estadística haya difundido hoy la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que sitúa este porcentaje en un 22,1 por ciento en el caso de la media nacional.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha afirmado que "la mejor política social es el empleo", un área en el que el Ejecutivo está desarrollando un "amplio trabajo" con acciones como el Plan de Empleo Social, los programas de acompañamiento a las empresas y el próximo plan dirigido a los autónomos con una dotación de 35 millones de euros.
A ello ha sumado el Pacto por el Ferrocarril y el Plan de Rehabilitación y Vivienda, por el impacto que también generan en la creación de empleo.
Junto a estas iniciativas, ha destacado la labor que se está desarrollando para proteger a los sectores más necesitados con un presupuesto regional que destina 6 de cada 10 euros a políticas sociales.
El Gobierno extremeño, según ha dicho, es consciente "de lo que tiene que ser el futuro de esta tierra", pero atiende también a aquellas personas que lo están pasando mal, "no por caridad sino por razón de justicia social".
Asimismo, ha reclamado que se derogue la última reforma laboral por las "injusticias" que ha provocado y porque, a su juicio, "está en la base de las cifras de pobreza de este país".
Por otra parte, a preguntas de los periodistas con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción, ha apuntado que esta normativa ha tenido elementos "positivos", pero también otros que "entorpecían" la resolución "ágil" de las solicitudes.
A su juicio, había que introducir "importantes mejoras" que se han hecho efectivas en el decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y "que estamos dispuestos a debatir con los grupos parlamentarios".
Según ha apuntado, unas 14.000 personas han cobrado la renta básica en estos tres años.
El consejero se ha referido también a la crisis de los refugiados al lamentar que la información que está recibiendo la Junta procede de organizaciones no gubernamentales y no del Gobierno de España, "como sería deseable", y al recordar que Extremadura ha dado "lo mejor de nosotros" para dar una respuesta a estos ciudadanos.
